La Superintendencia Nacional de Salud reportó que, durante inspecciones a dispensarios, encontró productos disponibles que habían sido negados a pacientes. El superintendente vinculó esos hallazgos con una reducción del 35 % en las quejas por no entrega de medicamentos.
Inspecciones a dispensarios
La estrategia de verificación acumuló más de 1.200 visitas presenciales e inesperadas a puntos de entrega, luego de que usuarios reportaran esperas de varias horas para recibir sus tratamientos. El operativo comenzó bajo el nombre de Plan 100 y posteriormente pasó a denominarse Plan 1.000, antes de superar esa cifra de inspecciones.
Durante las visitas, los equipos recogían los documentos que se entregaban a los pacientes cuando se les negaba un medicamento. Con esos soportes regresaban al dispensario para revisar la situación reportada y contrastar la disponibilidad de los productos en el lugar.
El superintendente sostuvo que, en algunos casos, los artículos señalados como no disponibles sí estaban dentro de las instalaciones al momento de la revisión. Entre los insumos mencionados figuraron pañales, levotiroxina e insulina.
“Muchas veces dejaban ir a pacientes sin insulina, teniéndola ahí guardada”, afirmó el funcionario al referirse a las verificaciones. Explicó que el propósito de las visitas fue pasar de la recepción de denuncias ciudadanas a la comprobación directa en los puntos de dispensación.
Medidas sobre atención y EPS
El funcionario aseguró que, desde el primer día de su administración, recibieron ofrecimientos de dinero para participar en lo que calificó como un modelo de corrupción. Dijo que presentó una denuncia ante la Fiscalía y que la entidad estableció una “ruptura completa con la corrupción”.
En materia de atención a menores, la Superintendencia impulsó una circular que redujo de 48 a 8 horas el tiempo máximo de atención para los niños. La medida surgió a partir del caso de Kevin, un menor cuya situación fue recordada durante la entrevista.
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La regla establece que, si un menor no recibe atención dentro de ese plazo, la EPS debe explicar qué ocurrió y quiénes fueron los responsables. Esa información puede remitirse a organismos de control y a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes, indicó el superintendente.
También afirmó que se implementó un modelo predictivo para identificar barreras antes de que afectaran a los pacientes. Durante el periodo al que se refirió, aseguró que no se registró la muerte de un niño atribuida a barreras de atención de las EPS.
Sobre las EPS bajo medidas especiales, explicó que se cambiaron interventores y se realizó un corte para diferenciar la administración anterior de las actuaciones del periodo actual. En su balance, reportó mejorías en indicadores financieros y en la atención a pacientes.
El superintendente defendió las intervenciones como mecanismos previstos en la legislación para proteger a entidades en situación crítica. Además, destacó que durante el Gobierno Petro no se liquidó una EPS y planteó que la vigilancia sobre recursos, medicamentos y atención prioritaria a niños requiere una autoridad independiente.
Contenido patrocinado por la Superintendencia Nacional de Salud.
