La Procuraduría General de la Nación absolvió en primera instancia al expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Andrés Alberto Ávila Ávila, dentro del proceso disciplinario que investigaba posibles irregularidades en el manejo del presupuesto de funcionamiento de la entidad durante 2022.
La investigación se originó por el presunto pago de obligaciones relacionadas con la nómina por más de $3.000 millones, movimientos que, según la hipótesis inicial, habrían generado un desbalance en los recursos destinados al funcionamiento de la SAE.
Sin embargo, tras revisar las pruebas del expediente, el Ministerio Público concluyó que no existían elementos suficientes para atribuirle responsabilidad disciplinaria al entonces presidente de la entidad.
¿Por qué fue absuelto Andrés Ávila?
Uno de los principales argumentos de la decisión está relacionado con las competencias para adoptar modificaciones en materia presupuestal y de estructura administrativa de la SAE.
Según el análisis realizado por la Procuraduría, las decisiones sobre creación de cargos, modificaciones de la planta de personal y cambios presupuestales no correspondían exclusivamente al presidente de la entidad.
Estas facultades estaban en cabeza de la junta directiva de la SAE y, en los asuntos que correspondieran, del Consejo Nacional de Estupefacientes. Por esta razón, el ente de control consideró que no podía atribuirse directamente a Ávila una actuación que, de acuerdo con el marco de competencias analizado, requería la intervención de otros órganos de la entidad.
La investigación también examinó si durante la vigencia de 2022 se habían efectuado pagos relacionados con la nómina sin contar con los recursos presupuestales necesarios. No obstante, la revisión documental llevó a la Procuraduría a establecer que sí existía apropiación presupuestal para atender las obligaciones cuestionadas.
Además, el organismo de control determinó que la modificación presupuestal correspondiente a esa vigencia fue adelantada posteriormente por la administración que sucedió a Ávila. Este elemento fue determinante para establecer que no podía atribuirse al entonces presidente de la SAE una eventual afectación presupuestal derivada de esas actuaciones.
Con base en el análisis de las pruebas, la Procuraduría concluyó que la conducta investigada no cumplía con los requisitos necesarios para configurar una falta disciplinaria. El fallo de primera instancia estableció que los hechos atribuidos a Ávila no constituían una conducta disciplinariamente reprochable en los términos establecidos por la legislación vigente.
En consecuencia, el organismo de control decidió absolver al expresidente de la SAE dentro de este proceso. La decisión corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que su alcance debe entenderse dentro de las etapas y recursos previstos en el proceso disciplinario.
El proceso adelantado desde 2024 buscaba establecer si Ávila había incurrido en irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos destinados al funcionamiento de la SAE y, particularmente, con pagos asociados a la nómina durante 2022.
La hipótesis inicial planteaba que esos movimientos podían haber ocasionado una desfinanciación superior a $3.000 millones. Tras valorar los documentos y demás elementos incorporados al expediente, la Procuraduría determinó que no estaban acreditados los elementos necesarios para establecer responsabilidad disciplinaria individual.
De esta manera, el fallo cerró en primera instancia la investigación contra Andrés Ávila por estos hechos, al considerar que no se configuraron los elementos de tipicidad ni ilicitud sustancial requeridos para imponer una sanción disciplinaria.
