Human Rights Watch pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella reforzar la prevención del reclutamiento de niños por grupos armados, con presupuesto, coordinación institucional y alertas tempranas. La solicitud cobra relevancia ante el aumento documentado de casos y el uso de redes sociales para captar menores.
Redes sociales en la captación
El informe “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá” recoge datos de la Defensoría del Pueblo que apuntan a un incremento de los casos desde 2023. Human Rights Watch sostiene que los grupos armados reclutan menores con impunidad, mientras fallan los sistemas de protección.
La Jurisdicción Especial para la Paz registró que el 44 % de los niños reclutados en 2025 fue captado a través de redes y plataformas como TikTok y Facebook. Las publicaciones exhiben armas, dinero y contenidos que glorifican la vida armada; tras una interacción, el contacto puede continuar por mensajes privados.
La investigación de HRW, elaborada con 184 entrevistas y reportes de la Defensoría y la Fiscalía, examinó perfiles y publicaciones en TikTok y Facebook. La organización reportó 16 cuentas a Meta, pero en agosto volvió a aparecer contenido relacionado con el reclutamiento.
TikTok indicó que prohíbe la glorificación de la violencia y la promoción de actividades delictivas. Meta afirmó que no permite contenido ni personas que impulsen la violencia, el reclutamiento de menores, la actividad criminal a gran escala o el terrorismo, y señaló que las cuentas identificadas en el informe fueron removidas.
Medidas contra el reclutamiento infantil
HRW solicitó fortalecer la política pública de prevención, garantizar un presupuesto suficiente y reforzar la coordinación entre instituciones, los sistemas de control y las alertas tempranas. También planteó una política de seguridad y justicia centrada en la protección de la población civil, más allá del despliegue militar o el uso de fuerza letal.
Las cifras disponibles difieren entre entidades: la Defensoría contabilizó 1.481 víctimas entre 2021 y 2025, mientras la Fiscalía registró 3.909, además de 74 en el primer semestre de 2026. HRW advierte que los registros pueden responder a fines distintos y una misma víctima puede aparecer en denuncias separadas.
Entre 2020 y 2025, el 60 % de los menores reclutados fueron varones y el 40 % niñas. La edad más frecuente se ubicó entre los 15 y 16 años, aunque más del 30 % de los casos reportados involucró a niños de entre 10 y 14 años; funcionarios de protección infantil informaron sobre casos de 9 y 10 años.
Casi cinco de cada diez casos entre 2021 y 2025 correspondieron a menores indígenas. Cauca concentró el 54 % de los casos en los últimos cinco años, y también se reportó esta problemática en Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Meta, Huila y Arauca.
Los grupos ilegales emplean a los menores en combate, manejo de drones, vigilancia, recopilación de información, tareas logísticas y control social en comunidades. El informe señala que suelen trasladarlos lejos de sus lugares de origen para dificultar las fugas y romper sus vínculos familiares.
En la última década, cerca del 1 % de las denuncias por reclutamiento forzado derivó en una investigación penal y el 0,2 % llegó a una condena, de acuerdo con HRW. La organización pidió también actuaciones del Congreso, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, las plataformas digitales y gobiernos de Estados Unidos, Canadá y países europeos.
