La Cámara de Representantes aprobó por segunda vez la ponencia de la ley de sometimiento, con 99 votos a favor y 39 en contra. La nueva votación se realizó tras los cuestionamientos al primer trámite. El articulado sigue pendiente de discusión antes de que venza la Ley de Orden Público.
La votación que debió repetirse
La plenaria había respaldado inicialmente el informe con 90 votos a favor y 44 en contra. Antes rechazó una proposición del Pacto Histórico para archivar el proyecto. La controversia comenzó porque el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, no había sustentado su ponencia antes de que fuera sometida a votación.
Jaime Raúl Salamanca, de Alianza Verde, afirmó que varios congresistas habían pedido la palabra para deliberar y no pudieron intervenir. Ante los señalamientos sobre un posible vicio de trámite, Catherine Juvinao, también de Alianza Verde, solicitó reabrir la votación para «salvar la constitucionalidad del proyecto».
La mesa directiva de la Cámara, presidida por Nicolás Barguil, llevó la reapertura a votación: obtuvo 95 votos a favor y tres en contra. Briceño sustentó entonces la ponencia, hubo réplicas de la oposición y la plenaria volvió a aprobar el informe, esta vez con 99 votos favorables y 39 contrarios.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo que el trámite no presenta vicios y afirmó que durante el debate se habían dado garantías a la oposición. La aprobación repetida de la ponencia permite avanzar, pero no equivale a un aval del articulado ni deja la ley lista para sanción presidencial.
Ley de sometimiento: contenido y plazo
Presentado con mensaje de urgencia por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, el proyecto busca modificar y prorrogar la Ley de Orden Público, cuya vigencia vence el 4 de noviembre. La iniciativa plantea un régimen de sometimiento individual o colectivo para integrantes de grupos armados ilegales, con entrega de armas, información y bienes, además del cese de actividades ilícitas.
El Ejecutivo busca establecer mediante la reforma su estrategia de sometimiento criminal y dejar atrás la política de «paz total» de la administración anterior. El texto prevé rebajas de pena de hasta el 50 % para integrantes de base y de hasta el 30 % para quienes ocuparon posiciones de mando. En ambos casos, los beneficios están condicionados a aportar verdad y reparar a las víctimas.
El Senado ya aprobó su informe de ponencia y los primeros artículos. Las plenarias del Senado y la Cámara fueron convocadas este martes 3 de noviembre para continuar la discusión del articulado. Si las dos corporaciones aprueban versiones distintas, tendrán que conciliarlas antes de que el proyecto pueda pasar a sanción presidencial.
