El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó hasta octubre de 2027 su Misión de Verificación en Colombia y excluyó de su mandato el seguimiento a la reforma rural integral. La decisión, solicitada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, deja la labor de la misión centrada en la reincorporación y la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz.
Misión de verificación en Colombia
La Resolución 2833, elaborada por el Reino Unido, recibió 15 votos a favor. Antes de la votación, el canciller Omar Bula había pedido al Consejo de Seguridad que la misión se concentrara en la reincorporación y las garantías de seguridad de los antiguos integrantes de las FARC.
Estados Unidos respaldó el ajuste. Su delegación afirmó que no habría apoyado la renovación en las condiciones de hace un año y valoró la petición de De la Espriella de limitar el mandato a la seguridad y la reintegración. El embajador colombiano Mauricio Gaona sostuvo que el cambio responde a la evolución del conflicto y «no va en contra de la paz».
Es el segundo año consecutivo en que se reducen las funciones de la misión. En 2025 salieron de su mandato la supervisión de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al capítulo étnico. Ese ajuste supuso la eliminación de cerca de 200 cargos y una reducción presupuestal del 17 %, equivalente a unos 15 millones de dólares.
Tras la votación, la representante del Reino Unido advirtió que la violencia y los cambios en las dinámicas del conflicto siguen amenazando a las comunidades, pese a que más de 11.000 excombatientes permanecen desmovilizados y comprometidos con el acuerdo.
La reforma rural sin seguimiento internacional
La reforma rural, componente central del acuerdo de paz de 2016, había entrado expresamente en las tareas de seguimiento de la misión en 2023, a petición del gobierno de Gustavo Petro. Para el actual Gobierno colombiano, se trata de una política pública de largo plazo cuya implementación corresponde a las instituciones permanentes del Estado. La representante del Reino Unido señaló que su seguimiento pasará a las instituciones nacionales.
El cambio de mandato coincide con una revisión gubernamental de los procesos de entrega, restitución y formalización de tierras. La ONU advirtió que las críticas oficiales a la gestión anterior han generado preocupación entre sectores campesinos y de la sociedad civil. También alertó sobre el anuncio del Ministerio de Agricultura de suspender por 90 días nuevas medidas mientras evalúa los procedimientos en curso.
El exnegociador de paz Humberto de la Calle cuestionó el argumento de que Colombia puede llevar adelante la reforma sin ese seguimiento internacional. Afirmó que durante décadas ha faltado voluntad política para realizarla y criticó la disposición del actual Gobierno a implementarla a fondo.
Hasta mediados de junio se habían entregado casi 370.000 hectáreas a campesinos, mujeres rurales y víctimas; para 114.000 de ellas ya se habían expedido títulos definitivos. El acuerdo fija una meta de entrega de 3 millones de hectáreas. La formalización alcanzó 4.091.252 hectáreas frente a un objetivo de 7 millones.
