La Cámara de Representantes aprobó por segunda vez la ponencia de la ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella, con 99 votos a favor y 39 en contra. La repetición del voto siguió a cuestionamientos sobre el trámite; la discusión del articulado sigue pendiente.
Ley de sometimiento: penas y condiciones
El proyecto fue presentado con mensaje de urgencia para modificar y prorrogar la Ley de Orden Público, cuya vigencia vence el 4 de noviembre. El aval de la ponencia permite continuar su trámite en la Cámara, pero todavía no supone la aprobación de los artículos.
La iniciativa propone un régimen de sometimiento individual o colectivo para integrantes de grupos armados ilegales. Contempla la entrega de armas, información y bienes, así como el cese de actividades ilícitas.
Para los integrantes de base, el texto prevé rebajas de pena de hasta el 50 %; para quienes ocuparon posiciones de mando, rebajas de hasta el 30 %. En ambos casos, los beneficios están condicionados a aportar verdad y reparar a las víctimas. Con la reforma, el Ejecutivo busca establecer su estrategia de sometimiento criminal y dejar atrás la política de «paz total» de la administración anterior.
La votación repetida y el trámite pendiente
La plenaria había rechazado antes una proposición del Pacto Histórico para archivar el proyecto. Luego aprobó el informe con 90 votos a favor y 44 en contra, cuando el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, aún no había sustentado su ponencia.
Jaime Raúl Salamanca, de Alianza Verde, afirmó que varios congresistas pidieron la palabra para deliberar y no pudieron intervenir. Ante los señalamientos sobre un posible vicio de trámite, Catherine Juvinao, también de Alianza Verde, solicitó reabrir la votación para «salvar la constitucionalidad del proyecto».
La mesa directiva de la Cámara, presidida por Nicolás Barguil, sometió la reapertura a votación y obtuvo 95 votos a favor y tres en contra. Briceño sustentó después su ponencia, la oposición presentó sus réplicas y la plenaria volvió a aprobar el informe. El ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo que el trámite no presenta vicios y que durante el debate se dieron garantías a la oposición.
El Senado ya aprobó su informe de ponencia y los primeros artículos. Las plenarias de ambas corporaciones fueron convocadas para este martes 3 de noviembre con el fin de continuar la discusión. Si aprueban versiones distintas, tendrán que conciliarlas antes de que el proyecto pueda pasar a sanción presidencial.
