El abogado Ricardo Andrés Ruge Cabrera denunció ante la Fiscalía a Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, y a directivos vinculados con DICITEC. Pide investigar la contratación directa entre ambas entidades: seis contratos registrados en SECOP suman $43.181.325.412, según el escrito.
El vínculo de la Federación con DICITEC
La Federación participó en la constitución de DICITEC en 2015, junto con el municipio de Zarzal, MASORA y otros accionistas. En un certificado de composición accionaria del 1 de julio de 2026, la Federación figura con el 5 % de las acciones. Esa participación es uno de los elementos que Ruge Cabrera plantea en su cuestionamiento a los contratos.
El denunciante sostiene que Toro Giraldo ocupó dos posiciones en la relación: representante legal y ordenador del gasto de la Federación, y representante de esa entidad en la asamblea de accionistas de DICITEC. Las resoluciones que justificaron la contratación directa fueron suscritas por él, de acuerdo con el escrito. Ruge Cabrera pide que se investigue si esa doble función comprometió la contratación.
La denuncia también cuestiona la condición de sociedad de economía mixta invocada para contratar directamente. La participación pública certificada de DICITEC corresponde al 50,1 % en cabeza de MASORA. Ruge Cabrera alega que la suscripción y adquisición de esas acciones carecieron de las autorizaciones necesarias; se trata de una conclusión jurídica del denunciante, no de una decisión judicial sobre los contratos.
El municipio de Zarzal tenía inicialmente el 40 % de las acciones de la sociedad y MASORA, el 10,1 %. Para 2018, Zarzal ya no figuraba entre los socios y MASORA aparecía con 417.500.000 acciones, equivalentes al 50,1 %. Ese cambio en la composición accionaria forma parte de los hechos expuestos en la denuncia.
Contratos con DICITEC en la denuncia
Los seis contratos registrados en SECOP fueron celebrados entre 2017 y 2023 para servicios tecnológicos de la Federación y del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT). El escrito añade un contrato de 2022 consignado en los estados financieros de DICITEC y servicios de hosting certificados por la Federación. Con esos dos conceptos adicionales, calcula un total de $45.821.325.412.
El negocio de mayor valor identificado en la denuncia es el contrato 78 de 2023, modificado a $25.290.624.096. Su objeto es la continuidad de servicios tecnológicos durante el periodo 2023-2026. La cifra corresponde a ese contrato modificado, no al conjunto de negocios que el abogado solicita investigar.
Además de Toro Giraldo, la denuncia se dirige contra Fabio Antonio Ríos Urrea, director ejecutivo de MASORA, y Enrique Alfonso López Pinilla, representante legal de DICITEC. Ruge Cabrera solicita investigar presuntos delitos relacionados con contratación, inhabilidades y documentos financieros, entre otros. Las responsabilidades penales planteadas en el escrito deberán evaluarse en la investigación.
En un antecedente distinto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró el 4 de septiembre de 2026 que la Federación vulneró el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público al conservar excedentes operacionales y rendimientos del SIMIT. Ordenó una auditoría especial y la restitución a municipios y distritos sobre una base de $84.752.584.040. Esa sentencia trata sobre recursos del sistema y no establece responsabilidad penal por los contratos con DICITEC.
