Dos decisiones judiciales dejaron sin aprobación las negociaciones de la Fiscalía con tres procesados del caso Ungrd. El preacuerdo de Edgar Echeverri Toro y Sonia Rocío Romero Hernández no cumplió la exigencia de reintegrar recursos; el principio de oportunidad de Edgar Riveros Rey fue rechazado por objeciones a su colaboración y a las medidas de reparación.
La colaboración ofrecida por Riveros
La decisión sobre Edgar Riveros Rey se refiere a un abogado vinculado a una investigación por un presunto intento de soborno para modificar declaraciones de antiguos directivos de la Ungrd. La Fiscalía sostiene que el 26 de julio de 2025 contactó al exsubdirector Sneyder Pinilla y le ofreció $3.000 millones o el 5% de un contrato a cambio de retractarse.
La Fiscalía también sostiene que Riveros habría planteado entregar $10.000 millones al exdirector Olmedo López para que cambiara su versión. Al revisar el principio de oportunidad, la jueza estimó que su principal aporte útil era la disposición a declarar contra César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública. Cuestionó, asimismo, la utilidad de la información ofrecida sobre personas que ya contaban con beneficios judiciales.
La reparación propuesta fue otro punto de objeción. La Fiscalía había incluido el mantenimiento de jagüeyes para garantizar el acceso al agua y la presentación de disculpas públicas. El despacho consideró que no se explicó suficientemente cómo se realizarían esas medidas ni cómo se garantizaría su cumplimiento.
El reintegro en el caso Ungrd
La otra negociación involucraba a Edgar Echeverri Toro y Sonia Rocío Romero Hernández, vinculados a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral Yapurutú. El 4 de noviembre de 2026, el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá improbó su preacuerdo. Estaba relacionado con la orden de proveeduría para adquirir 40 carrotanques destinados a La Guajira.
Los elementos examinados por el juzgado mostraron que se elaboraron documentos y actas de entrega a la Ungrd cuando los vehículos todavía estaban en proceso de ensamblaje. Esos soportes permitieron tramitar pagos ante la Fiduprevisora. La decisión identificó dos desembolsos a Yapurutú, de $14.500 millones y $10.875 millones, por un total de $25.375 millones.
La jueza consideró que las conductas relacionadas con la falsedad documental también habrían servido para obtener un beneficio económico. Por eso aplicó el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal: cuando existe un incremento patrimonial producto de un delito, celebrar un preacuerdo exige reintegrar al menos el 50% de ese valor y garantizar el pago del resto. El despacho concluyó que el acuerdo presentado no cumplía esa condición.
En la negociación presentada por la Fiscalía y las defensas, Echeverri Toro y Romero Hernández aceptaban cargos por concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. La pena pactada era de siete años y cuatro meses de prisión. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se había opuesto a los beneficios y señaló un incremento patrimonial injustificado de $4.330 millones.
Tras el rechazo de ambas negociaciones, los procesos continúan por la vía ordinaria, salvo que la Fiscalía presente nuevas propuestas que cumplan los requisitos legales.
