La Procuraduría General de la Nación pidió al Distrito de Santa Marta un informe sobre las gestiones para atender una deuda de más de $1.900 millones con Air-e por consumo de energía eléctrica. El requerimiento forma parte de un seguimiento preventivo y exige acreditar los recursos presupuestales previstos para pagar el saldo.
Deuda con Air-e y presupuesto
Al formular el requerimiento, el Ministerio Público recordó el artículo 12 de la Ley 142 de 1994 y la Directiva 016 de 2026. Estas disposiciones sustentan el deber de las entidades oficiales de incluir recursos suficientes en sus presupuestos y pagar oportunamente los servicios públicos domiciliarios.
A la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello se le exigió acreditar las apropiaciones presupuestales destinadas al pago del servicio. Entre los soportes requeridos figuran los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y los registros presupuestales (RP).
El balance bajo seguimiento preventivo
La Procuraduría también solicitó un balance de las gestiones administrativas y financieras adelantadas frente al pasivo. Con ese informe busca establecer qué ha hecho el Distrito para atender sus obligaciones con la empresa de energía.
El trámite permanece en la etapa de seguimiento preventivo. La administración distrital debe presentar el balance solicitado y acreditar los soportes presupuestales para atender la deuda con Air-e.

















