La ley de Justicia y Paz, la primera justicia transicional que nació como parte de los acuerdos entre el Estado colombiano y los paramilitares, que propiciaron su desmovilización, cumple 20 años, pero contrario a lo que se esperaba aún hay deudas en materia de judicialización y de reparación a las víctimas.
Así lo reveló la Contraloría este jueves en el marco del foro “20 años de la Ley de Justicia y Paz en Cifras”, a través del contralor Carlos Hernán Rodríguez.
“La Contraloría General de la República considera que, después de 20 años de la Ley de Justicia y Paz, la gestión del Estado colombiano ha sido ineficaz.
A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha logrado una judicialización efectiva, una reparación integral para las víctimas ni una reintegración exitosa de los postulados”, explicó el contralor.
Las palabras del Contralor se basan en un informe realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Justicia que inició en junio de 2024 y contiene datos recogidos desde 2005.
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Según ese estudio, el Estado destinó para la puesta en marcha de Justicia y Paz un total de $17,7 billones. Estos recursos han sido ejecutados especialmente por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas con 86,52%, seguido por la Fiscalía General de la Nación con 11%, la Rama Judicial con 2,05%, el Ministerio de Justicia y del Derecho con 0,24% y la Agencia de Reincorporación y Normalización con 0,19%.
En ese punto, la entidad aseguró que es muy grave que el Estado es el que ha tenido que asumir no solo su implementación sino la reparación de las víctimas, cuyos victimarios han sido objeto de extinción de dominio en torno a bienes avaluados en $24,37 billones.
“Quiero llamar la atención que, según la ley, el pago de indemnizaciones a las víctimas de Justicia y Paz debe seguir un orden específico. En primer lugar, se deben utilizar los recursos entregados por los postulados condenados. Solo cuando estos recursos sean insuficientes, se deben utilizar fondos del
Presupuesto General de la Nación para cubrir la diferencia. Sin embargo, la realidad muestra que este proceso no se ha llevado a cabo de manera efectiva”, precisó el Contralor.
Por eso que es necesario mirar de qué manera y en qué forma se avanza en esta circunstancia.
“Esto va más allá de un nivel de crítica destructiva, se trata simplemente de la imperiosa necesidad y obligación que tenemos los diferentes actores del Estado para mirar cómo desde nuestras competencias, aprendemos de los errores cometidos y reafirmamos el camino mirando cómo construimos planes de acción que nos permitan corregir esos errores que eventualmente puedan haberse cometido”, puntualizó el contralor.
De otra parte, el informe señala que se postularon un total de 5.079 personas a la Ley, en su gran mayoría por desmovilización colectiva de las AUC (86,9%), seguido por desmovilizaciones individuales de las FARC (10,1%) y otros grupos subversivos con 3%. Pero el 64%, más de 3.000 personas, de estas personas, fueron excluidos, en su gran mayoría porque no ratificaron su voluntad de acogimiento.
Agrega el informe que actualmente se encuentran activos 1.500 personas de las cuales 921, fueron condenados por 15.236 hechos delictivos y alertó que aunque fueron vinculados 15.177 bienes, solo el 7% tuvo extinción de dominio.
De Colprensa para Nación Costeña.
