Los hallazgos de la Corte Suprema de Justicia sobre el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), según los cuales congresistas habrían recibido dinero público para respaldar proyectos del Gobierno, podrían incidir en el análisis de validez formal que debe realizar la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.
Si se confirma que el trámite legislativo fue viciado por sobornos, podría discutirse la exequibilidad de la Ley 2381 de 2024.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry explicó a Colprensa que no existen antecedentes en los que la Corte Constitucional haya solicitado documentación penal sobre congresistas procesados por hechos relacionados con la aprobación de una ley.
Sin embargo, advirtió que “si hubo sobornos y delitos alrededor del trámite de la ley, hay que considerar el debido proceso y podría ser causal de una inexequibilidad”.
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La reforma pensional, aprobada por el Congreso entre 2023 y 2024, está actualmente en revisión por parte del alto tribunal para establecer si cumple con los requisitos constitucionales, tanto en el fondo como en la forma.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la semana pasada la captura de los congresistas Iván Name y Andrés Calle por presunto cohecho. El auto judicial señaló que ambos legisladores recibieron pagos entre octubre y noviembre de 2023 para respaldar iniciativas del Gobierno, entre ellas la reforma pensional y la reforma a la salud.
Según el alto tribunal, Name habría recibido $3.000 millones, mientras que Calle recibió $1.000 millones. Los recursos provenían, según la investigación, de un anticipo girado desde la UNGRD para la compra de carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable en La Guajira.
La Corte Suprema concluyó que los congresistas conocían que el dinero recibido tenía un vínculo funcional con recursos públicos desviados. Estos habrían sido utilizados para financiar campañas locales en las elecciones del 29 de octubre de 2023.
El penalista Francisco Bernate explicó que el proceso contra Name y Calle, regido por la Ley 600, no permite negociaciones ni preacuerdos. Afirmó que los delitos imputados, como peculado por apropiación y cohecho, podrían acarrear penas de hasta 33 años de prisión.
Bernate también señaló que el escándalo afecta gravemente la legitimidad de las reformas del Gobierno, al involucrar simultáneamente a actores de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Advirtió que, si se prueba injerencia en la elección de magistrados, podría comprometer incluso la independencia del poder judicial.
Aunque la Corte Constitucional no suele intervenir sobre investigaciones penales que afectan el trámite de las leyes, Charry considera que este caso podría abrir una discusión sobre los efectos del delito en el procedimiento legislativo.
En este escenario, el alto tribunal podría evaluar si el proceso de aprobación de la reforma pensional conservó la integridad exigida por la Carta Política o si el vicio de procedimiento compromete su exigibilidad.
Por ahora, la decisión está en manos de los magistrados constitucionales, quienes deberán deliberar si la reforma, promulgada como Ley 2381 del 16 de julio de 2024, puede mantenerse vigente pese a las graves irregularidades denunciadas en su trámite.
De Colprensa para Nación Costeña.
