Después de 5 años de investigación, la Procuraduría reconoció la responsabilidad de miembros del Ejército en el perfilamiento y seguimiento ilegal de periodistas en una operación denunciada en su momento, mayo de 2020, por la revista Semana, a través de la publicación «Las carpetas secretas».
Según la Procuraduría, 9 miembros del Batallón de Ciberinteligencia Militar hicieron actividades ilegales de seguimiento, perfilamiento y recopilación de datos en contra de 130 personas, de los cuales al menos treinta eran periodistas.
De acuerdo con lo que reveló Semana en su momento y que ahora confirma la Procuraduría, los miembros del Batallón de Ciberinteligencia militar recolectaron datos sobre las fuentes, información de geolocalización y la vida privada y profesional de periodistas como María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol Televisión; Nicholas Casey, de The New York Times; el fotógrafo Federico Ríos, y Andrea Aldana y Óscar Parra, de Rutas del Conflicto, entre otros.
Los periodistas, vinculados a medios nacionales e internacionales, estaban investigando asuntos de orden público como la posible reactivación de las ejecuciones extrajudiciales y el posible desvío de recursos económicos en el Ejército y la Policía.
María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol Televisión, entrevistó a Pablo Beltrán, miembro del Comando Central del ELN, por lo cual, dentro de la operación ‘Habil’, que se adelantaba contra ese guerrillero, se autorizó hacer actividades de seguimiento contra ella.
Sugerencias: «No convoca a otros sectores»: Petro le baja el pulgar a Bolívar como candidato del Pacto Histórico
En una reunión, llevada a cabo en marzo del año 2019, con participación de altos mandos, incluyendo al Comandante de la Brigada de Inteligencia Militar 1, el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, se autorizó al coronel Julio Tobías López Cuadros, jefe de Estado Mayor de la Brigada Inteligencia, requerir al comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégica 4 información sobre ella.
En el caso de Nicholas Casey, de New York Times, el fotógrafo Federico Ríos, la periodista Andrea Aldana y medios como Rutas del Conflicto también se requirió información a través de actividades ilegales, por orden del brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, comandante del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar.
Los datos recolectados evidenciaron que el Ejército vinculó injustificadamente a los periodistas Andrea Aldana y Óscar Parra, de Rutas del Conflicto, con grupos guerrilleros.
La Procuraduría señaló que el uso de herramientas de investigación por parte de agencias de inteligencia debe estar orientada a “la defensa de la soberanía, la seguridad nacional y el orden constitucional” y no para violar la privacidad, la libertad de expresión y la reserva de las fuentes periodísticas.
Los nueve miembros del Ejército sancionados son el brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, comandante del Comando de Apoyo Combate de Inteligencia Militar; el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, comandante de la Brigada de Inteligencia Militar 1; el coronel Benjamín Andrés Ramírez Villalobos, jefe de Estado Mayor de la BRIMI1; el coronelJulio Tobías López Cuadros, oficial de operaciones de la BRIM11, el coronel Milton Eugenio Rozo Delgado, comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégica 4; el coronel Hugo Armando Díaz Hernández, comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégico 4; el mayor Mauricio Quintero Arias, comandante del Batallón Contrainteligencia de Seguridad de la Información; el mayor Eduardo de la Torre Díaz, segundo comandante del Batallón de Cibertinteligencia, y el teniente Luis Carlos Trujillo Perdomo, comandante de la Compañía «B» de Ciberexplotación.
La Fundación para la Libertad de Prensa, que ha sido parte del proceso, manifestó en un comunicado que «los seguimientos e interceptaciones ilegales de comunicaciones por parte de instituciones del Estado tuvieron efectos nocivos sobre el ejercicio periodístico. La vigilancia ilegal configuró una violación al derecho de la reserva de sus fuentes y generó un clima de miedo y autocensura en las víctimas, e hizo que varias de ellas se abstuvieran de continuar con investigaciones y reportajes sobre temas como el conflicto armado y la corrupción estatal».
La entidad apeló la decisión de la Procuraduría pues la entidad tipificó la conducta del Ejército como una falta disciplinaria grave y no gravísima, lo cual implica que los responsables sean sancionados con una pena menor, que incluye la suspensión de sus cargos y la inhabilidad para ejercer funciones públicas entre 3 y 6 meses.
A pesar de los avances en lo disciplinario, en lo penal no ha habido mayores avances, según la FLIP.
