La construcción de embarcaderos en la zona insular de Cartagena, financiada con más de $6.636 millones de pesos, desató una tormenta de denuncias por presuntos favorecimientos, vínculos familiares y falsedad documental, según denunciantes a través del Canal Cartagena.
El contrato bajo la lupa corresponde a la licitación pública SID 005 de 2024, adjudicada en diciembre al Consorcio Embarcaderos Cartagena, integrado por ConstruLatina (90%), de Barrancabermeja, e Ingecol (10%), de Cartagena. No obstante, Álvaro González aseguró que detrás de las empresas se ocultan conexiones con personas cercanas al poder local.
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“Ingecol está conformada por Ambrosio Fernández, que se la pasaba adulando al alcalde por redes sociales hasta que ya esta semana se descubrió una de las posibles razones por la cual era la adulación, y es por los contratos que se le adjudicaron a esa empresa”.
González también denunció que José Gabriel Martínez Miranda, presuntamente vinculado con las firmas Ovinco y Dinacol, ambas “cercanas al alcalde”, tiene nexos con la interventoría del proyecto. Su hermano, Alex Martínez Miranda, aparece como representante legal de Ingecol. Lo que genera alarma es que la empresa encargada de construir también estaría supervisando la obra.
“El que vigila y el que construye son lo mismo”.
Además, el veedor señaló a la Secretaria General, María Patricia Porras, como ordenadora del gasto del contrato y prima hermana de Andrés Porras Villamil, quien ha sido objeto de denuncias por posible nepotismo. En la lista también aparece el secretario de Infraestructura Wilmer Iriarte, cuya cartera adjudicó el contrato.
Entre los aspectos más graves, González denunció que el consorcio habría presentado una certificación falsa de Ecopetrol para cumplir con el requisito de experiencia en construcción de muelles flotantes. Afirmó contar con los documentos que probarían el fraude.
“Esta que es falsa. Aquí están las dos. La falsa y la verdadera”.
Pese a que el alcalde anunció en febrero el inicio inmediato de las obras, el proceso apenas avanzó hasta el 13 de mayo, fecha en que se cumplió el término de publicidad del proyecto, según la autorización emitida por la Dimar.
Finalmente, el exalcalde William Dau también se pronunció sobre la denuncia, afirmando:
“El uno se roba la plata y el otro certifica que no se robó la plata, sino que se hizo la obra, aunque no se haya hecho”.
González aseguró tener más pruebas que vincularían a otros actores y prometió seguir revelando detalles de lo que calificó como un entramado de corrupción más amplio que compromete a funcionarios del actual gobierno distrital.
