La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad general por diez años contra el subintendente de la Policía Nacional Yimy Rodríguez Bolívar, tras encontrarlo responsable de una conducta de naturaleza sexual contra una menor de edad dentro de una estación policial en Boyacá.
La decisión deja en firme la sanción impuesta inicialmente por la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento No. 1 del Departamento de Policía Boyacá y cierra el proceso disciplinario adelantado por el organismo de control.
Según estableció la Procuraduría, el uniformado, quien se desempeñaba como gestor de Participación Ciudadana en la Estación de Policía de Arcabuco, realizó tocamientos indebidos a una adolescente de 15 años mientras la menor cumplía actividades de servicio social dentro de las instalaciones de la institución.
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De acuerdo con la investigación disciplinaria, los hechos ocurrieron en un escenario donde el funcionario tenía una posición de autoridad y confianza frente a la comunidad. La menor participaba en actividades institucionales cuando presuntamente se produjo la conducta sancionada.
Al estudiar el recurso de apelación presentado por la defensa, la Procuraduría rechazó los argumentos relacionados con supuestas irregularidades procesales, insuficiencia probatoria y presuntas vulneraciones al debido proceso.
La entidad concluyó que la actuación disciplinaria se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos en la ley y que las pruebas fueron valoradas integralmente bajo los criterios de la sana crítica, permitiendo acreditar la responsabilidad del uniformado.
En su decisión, el Ministerio Público calificó la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo, al considerar que el disciplinado actuó de manera consciente y voluntaria.
La confirmación de la sanción envía además un mensaje de tolerancia cero frente a conductas que comprometan la integridad de niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando son cometidas por servidores públicos encargados de proteger a la ciudadanía.
El fallo disciplinario tiene implicaciones significativas para la carrera del uniformado, pues además de la destitución, le impide ejercer cargos públicos durante una década.
