Desde hace meses, el Consejo Nacional Electoral (CNE) examina con lupa la campaña del presidente Gustavo Petro. La Sala Plena del CNE archivó la investigación sobre el inicio anticipado de campaña, un expediente que no está vinculado al actual caso que investiga la presunta violación de topes electorales.
Archivo del caso por campaña anticipada
El magistrado Alfonso Campo, del Partido Conservador, presentó una ponencia donde alegó que el equipo de Petro había comenzado actos proselitistas en 2021, violando los tiempos establecidos por la ley. En particular, citó el evento de la tarima con forma de “P” en Barranquilla, que él consideró un acto electoral.
Sin embargo, su tesis no logró el apoyo suficiente; la votación terminó en un ocho contra uno.
El presidente Petro no tardó en reaccionar. A través de su cuenta de X (antes Twitter), afirmó que “era obvio” que se trataba de un acto realizado seis meses antes del inicio de campaña. “Se trata no de un gasto de campaña, de un acto de campaña, sino de una reunión política, que es un derecho fundamental en la Constitución”, defendió.
Era obvio que una acto hecho seis meses antes de comnezar la campaña electoral no se podía sumar a los gastos https://t.co/tPs6xtdn52 campaña porque se trata no de un gasto de campaña de un acto de campaña sino de una reunión política que es un derecho fundamental en la… https://t.co/QGewv1k6Pt
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2024
El caso por violación de topes electorales: la inminente decisión
Ha comenzado el golpe de Estado.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2024
A pesar del archivo del caso por campaña anticipada, el CNE se prepara para abordar el expediente que investiga la supuesta violación de topes electorales, que asciende a más de $5.355 millones.
La próxima semana se espera retomar el debate y la votación sobre este tema, un asunto que mantiene en vilo a la administración de Petro.
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Con cada declaración del mandatario, la presión aumenta. Petro insinuó que una decisión adversa podría desencadenar un golpe de Estado, un argumento que muchos consideran una táctica para desviar la atención.
Cabe destacar que el proceso es administrativo, lo que significa que el presidente no podría ser destituido por el CNE, ya que esa potestad recae exclusivamente en el Congreso.
Divisiones y tensiones en el CNE
Las tensiones en el CNE son palpables. Este organismo, con una estructura política, enfrenta críticas sobre la imparcialidad de sus decisiones.
Al menos tres de los nueve magistrados tienen una inclinación crítica hacia el presidente. Los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal) lideran el proceso, mientras que César Lorduy (Cambio Radical) preside el organismo.
En contraste, los magistrados Alba Velásquez y Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, se posicionan a favor del gobierno. Sin embargo, el voto del magistrado Cristian Ricardo Quiroz sigue siendo incierto, dada su conexión familiar con un copresidente del partido Verde.
Formulación de cargos
La Sala Plena del CNE ha decidido formular cargos a la campaña de Gustavo Petro por la presunta violación de topes electorales, implicando no solo al presidente, sino también a su exgerente de campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.
Mientras el CNE continúa sus deliberaciones, el país permanece a la expectativa de cómo estas decisiones influirán en el futuro político de Petro y su administración.
La duda en el aire
La situación en el CNE revela un contexto de incertidumbre política y presión social.
Las decisiones que tomen los magistrados no solo marcarán el rumbo de la campaña de Petro, sino que también podrían tener repercusiones en la confianza del electorado en las instituciones. En un entorno donde los límites de la legalidad parecen difusos, la transparencia del proceso es más crucial que nunca.
