El Congreso aprobó la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella. La Cámara de Representantes acogió sin cambios el texto aprobado por el Senado, por lo que no habrá conciliación. El proyecto quedó pendiente de sanción presidencial antes de entrar en vigor.
Condiciones de la ley de sometimiento
El proyecto contempla el sometimiento a la justicia de integrantes de grupos armados, no una negociación política. Plantea rebajas de pena de hasta el 30% para cabecillas y de hasta el 50% para integrantes de base. Para acceder a esos beneficios, exige colaboración eficaz y entrega de bienes ilícitos.
El texto fija un mínimo de diez años de privación efectiva de la libertad para cabecillas y de seis años para colaboradores. Durante el debate, el ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó que la iniciativa no permite zonas de distensión ni suspender órdenes de captura o extradición. También sostuvo que quienes se sometan deberán entregar todos sus bienes ilícitos.
En el trámite quedaron excluidas del tratamiento penal diferenciado las personas condenadas por reclutamiento de menores de edad. El ponente Hernán Cadavid señaló que se redujeron los beneficios relacionados con lavado de activos. También indicó que las cargas económicas del sometimiento para municipios y departamentos pasarán al Ministerio de Justicia.
Otro cambio fue la eliminación del artículo 25, que otorgaba al Ministerio del Interior facultades de contratación con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). La supresión obtuvo 78 votos en el Senado. El texto incorporó, además, disposiciones sobre deforestación, tala ilegal y minería ilegal en los programas de restauración ecológica.
Votos y trámite sin conciliación
La Cámara aprobó el proyecto con 95 votos a favor y 10 en contra. En el Senado había recibido 57 votos favorables y 24 contrarios. Al votar ambas corporaciones el mismo texto, terminó el trámite legislativo sin necesidad de conciliar versiones.
El respaldo estuvo cerca del cuórum requerido: en el Senado, el proyecto reunió cinco votos más de los necesarios para completarlo y, en la Cámara, la diferencia fue de tres. Durante algunos tramos del debate, el gobierno dependió de la presencia o del apoyo de congresistas de partidos independientes.
De la Espriella agradeció al Congreso la aprobación del proyecto de prórroga de la Ley 418 de 1997. Desde la oposición, Gabriel Becerra anunció una demanda por presuntos vicios de trámite. Mafe Carrascal cuestionó la facultad del presidente para definir qué organizaciones son consideradas terroristas.
