La propuesta de convocar una Asamblea Constituyente en Colombia volvió a encender el debate político nacional, tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien defendió este mecanismo como una vía para impulsar reformas estructurales en el país.
El planteamiento se conoció a través de un pronunciamiento público en el que el mandatario insistió en que una eventual constituyente no representaría una ruptura institucional, sino un escenario de concertación. Según explicó, la iniciativa buscaría abrir un camino de transformación mediante acuerdos amplios y participación ciudadana.
Propuesta plantea reformas sin reemplazar la Constitución
De acuerdo con lo expuesto, la propuesta no apunta a reemplazar la Constitución de 1991, sino a complementarla. La idea central consiste en incorporar nuevos capítulos orientados a garantizar derechos fundamentales como salud, educación, trabajo y acceso a servicios básicos.
El enfoque también incluye la posibilidad de fortalecer mecanismos que, según el Gobierno, no han sido desarrollados plenamente por el Congreso en más de tres décadas de vigencia constitucional.
Firma ciudadana, requisito clave
El Ejecutivo plantea que la convocatoria de una constituyente debe surgir desde la ciudadanía. En ese sentido, el proceso dependería de la recolección de firmas y del trámite posterior en el Congreso, lo que abre un escenario político y jurídico complejo.
Este punto resulta determinante, ya que cualquier intento de activar este mecanismo requiere cumplir con procedimientos establecidos y controles institucionales que garanticen su legalidad.
