La Contraloría General de la República declaró como hechos de impacto nacional irregularidades detectadas en Fiduprevisora, entre ellas pagos por más de $4,4 billones sin evidencias ni soportes a proveedores de salud del Fomag. La medida busca acelerar el control fiscal sobre recursos comprometidos y girados durante el gobierno anterior.
Impacto nacional en Fiduprevisora
La decisión fue solicitada por la delegada para Economía y Finanzas Públicas, Jenny Lindo Díaz, al contralor general Jorge Eliécer Laverde. La declaratoria permite avanzar con mayor celeridad, profundidad, garantía y custodia de la información relacionada con los hechos identificados.
El principal hallazgo está ligado a desembolsos efectuados a proveedores de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, administrado por Fiduprevisora. Los pagos superan los $4,4 billones y fueron detectados sin evidencias ni soportes que los respalden.
También fueron encontradas diferencias presupuestales en las liquidaciones de contratos correspondientes a la administración del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). La revisión incluyó el incremento de compromisos y giros efectuados durante las últimas semanas del gobierno de Gustavo Petro.
Un tercer punto corresponde a transferencias superiores a $17.000 millones a empresas de acueducto y energía con patrimonios negativos. Esos pagos habían sido objetados por el revisor fiscal de Fiduprevisora, pero se realizaron pese a la objeción.
Investigación asumida por Anticorrupción
Con la declaratoria, la Contraloría iniciará formalmente un proceso de investigación de control fiscal que será asumido por la Unidad Anticorrupción. El procedimiento se concentrará en el manejo de los recursos asociados a los hallazgos en Fiduprevisora.
La entidad ya había reportado en julio de 2026 hallazgos fiscales por $176.975 millones vinculados con pagos indebidos de servicios médico-asistenciales represados, sanciones y prestaciones financiadas con recursos del Fomag, sin el cumplimiento de requisitos legales.
Dentro de esa revisión, el hallazgo de mayor cuantía fue de $133.255 millones por pagos de servicios médico-asistenciales represados e intereses, que generaron detrimento fiscal. La Contraloría también señaló pagos de prima de mitad de año a docentes pensionados por $27.982 millones, realizados sin cumplir requisitos constitucionales y legales y en contra de decisiones judiciales ejecutoriadas.
La auditoría incluyó una reclasificación contable errónea de obligaciones por sanción por mora por $598.364 millones, que produjo una subestimación del pasivo. Por estos resultados, la Contraloría no cerró la revisión de la cuenta del Fomag correspondiente a la vigencia 2025 y reiteró a Fiduprevisora y a las entidades territoriales la necesidad de adoptar mecanismos para una administración eficaz de los recursos públicos.
