La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó escuchar en declaración a Sneyder Augusto Pinilla Álvarez los días 13, 14 y 15 de agosto en Bogotá, en el marco del proceso que se adelantó contra varios congresistas por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La diligencia fue ordenada por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castelanos dentro del expediente que involucró al congresista Julián Peinado Ramírez y otros, y se llevó a cabo de forma presencial en la sede de la Sala de Instrucción del alto tribunal.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, fue uno de los principales implicados en la red de corrupción que desvió recursos públicos mediante contratos fraudulentos. Ya fue condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión, y actualmente cumple su pena en una guarnición militar.
Según los hallazgos de la Procuraduría General de la Nación, Pinilla autorizó pagos por más de $16.000 millones en la compra de 40 carrotanques con sobrecostos superiores al 54 % del valor real del mercado. Además, certificó la entrega a satisfacción de los vehículos, aunque estos no fueron utilizados para el fin previsto.
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El exdirector de la entidad, Olmedo López, también fue destituido e inhabilitado por 18 años, mientras que Pinilla recibió una sanción de 20 años para ejercer cargos públicos. Ambos aceptaron cargos en la investigación penal y sus testimonios fueron claves para vincular a otros funcionarios y congresistas.
La Fiscalía General de la Nación sostuvo que en la UNGRD se conformó una “organización criminal” que aprovechó emergencias nacionales para direccionar contratos a cambio de coimas. Entre los contratistas señalados estuvo Luis Eduardo López, conocido como “El Pastuso”, quien lideró una red de empresas involucradas en los hechos.
A mediados de julio, la Fiscalía imputó nuevos cargos a Pinilla por direccionar contratos en Córdoba entre agosto y diciembre de 2023. Los convenios, por más de $8.671 millones, no fueron desembolsados, y se identificó la participación de particulares no registrados oficialmente como proveedores.
Adicionalmente, el abogado de Pinilla, Gustavo Moreno, pidió medidas de protección para su defendido luego de que se conociera un video grabado con autorización de las autoridades, en el que el exsubdirector Gustavo Barreto y el abogado Édgar Riveros intentaron sobornar a Pinilla con $13.000 millones para que se retractara de sus declaraciones.
La grabación, divulgada por Noticias Caracol, fue presentada como parte de una operación coordinada con la Fiscalía para obtener evidencia contra los presuntos responsables del intento de soborno.
Las declaraciones de Pinilla y López fueron fundamentales para el avance de las investigaciones contra varios congresistas, entre ellos el exrepresentante liberal Andrés Calle y el expresidente del Senado, Iván Name, quienes actualmente enfrentan medida de aseguramiento en el marco del mismo caso.
Según la Corte Suprema, ambos legisladores habrían recibido millonarias sumas de dinero a cambio de apoyar reformas del Gobierno en el Congreso. La Sala de Instrucción evaluó actualmente la responsabilidad penal de más funcionarios y legisladores involucrados.
La declaración de Sneyder Pinilla ante la Corte Suprema se consideró clave para esclarecer los alcances del esquema de corrupción en la UNGRD, así como para identificar a los demás responsables del desvío de recursos públicos.
LOS CONGRESISTAS SALPICADOS
Cinco congresistas, todos miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), rindieron cuentas en diciembre ante la Sala de Instrucción de la Corte por su presunta participación en actos de cohecho impropio relacionados con la aprobación de operaciones de crédito en favor del Ministerio de Hacienda, a cambio de beneficios que se habrían materializado en contratos asignados a través de la UNGRD.
La investigación, que involucró a los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, buscó esclarecer si los funcionarios utilizaron sus posiciones en la CICP para obtener ventajas indebidas.
Según la Corte, existieron indicios de que los parlamentarios habrían aprobado conceptos de crédito público con el compromiso de que proyectos específicos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) se beneficiarían con la asignación de recursos de la UNGRD.
El proceso judicial se basó en un robusto cuerpo de evidencias, que incluyó documentos y testimonios que sugirieron una posible conexión entre las aprobaciones emitidas por la CICP y las adjudicaciones de contratos.
Estos indicios apuntaron a un patrón de votaciones en el que los investigados habrían intervenido en favor de las solicitudes del Ministerio de Hacienda, especialmente en los últimos días del periodo de sesiones de 2023, cuando se emitieron trece de los dieciocho conceptos de crédito gestionados por esta entidad.
