La Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad provisional de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, por vencimiento de términos en el caso de corrupción de la UNGRD. La decisión pone fin a su detención preventiva, pero ambos continuarán vinculados al proceso penal.
El plazo en el caso UNGRD
La Sala Especial de Primera Instancia ordenó expedir las boletas de libertad para los dos excongresistas, recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá. Las defensas habían presentado la solicitud el 8 de octubre de 2026, después de que se cumpliera el plazo legal aplicable a la detención preventiva.
Name y Calle estaban detenidos desde el 7 de mayo de 2025. La resolución de acusación quedó en firme el 7 de octubre de ese año, fecha desde la cual la Corte contabilizó el término para examinar la solicitud de libertad. El plazo ordinario de seis meses se duplicó porque se decretaron pruebas en el exterior.
Así, la Sala fijó en 12 meses el término máximo aplicable, cumplido el 7 de octubre de 2026. En su decisión, señaló que durante ese periodo adelantó diligencias, interrogó a doce testigos entre marzo y octubre de 2026 y reunió pruebas documentales. También aclaró que la demora no obedeció a negligencia del tribunal.
La Corte consideró que la complejidad del expediente y la congestión judicial no permiten prolongar la detención más allá del límite legal. Precisó, además, que no encontró maniobras dilatorias de las defensas que hubieran impedido la práctica de las pruebas. La medida de libertad no equivale a una absolución ni pone fin al juzgamiento.
Condiciones de la libertad provisional
Para salir de prisión, cada uno deberá consignar una caución de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente a $17.509.050, en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia. También deberán firmar una diligencia compromisoria y mantener informada a la Corte sobre su residencia.
El compromiso incluye asistir a las citaciones y no salir del país, conforme a las condiciones fijadas por el tribunal. La decisión se comunicará a La Picota mediante las respectivas boletas de libertad. La salida de prisión está sujeta, además, a la verificación de que no sean requeridos por otra autoridad judicial.
Los excongresistas siguen procesados por cohecho impropio y peculado por apropiación en el expediente relacionado con recursos destinados a la compra de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. La investigación examina un presunto acuerdo para entregar sobornos a cambio de respaldo legislativo a las reformas pensional y de salud del Gobierno nacional.
Dentro de ese caso, a Calle se le atribuye haber recibido presuntamente $1.000 millones en efectivo en Montería. A Name se le señala de haber recibido $3.000 millones en dos entregas en Bogotá. Esas acusaciones deberán resolverse en el proceso judicial, que continuará con ambos en libertad bajo las condiciones impuestas por la Corte.
