El presidente Abelardo De La Espriella anunció este viernes en Cartagena la expedición de un decreto que modifica las reglas de las concesiones portuarias. La norma abre la posibilidad de reconocer inversiones cerca del vencimiento de los contratos y amplía las obras que pueden incorporarse a los proyectos.
Cambios en las concesiones portuarias
Uno de los siete componentes permite evaluar y reconocer inversiones estratégicas cuando faltan cinco años o menos para que termine una concesión. El cambio aborda la etapa final de los contratos, en la que también deben definirse las condiciones para la entrega de los activos al Estado.
El decreto amplía las inversiones que pueden incorporarse a los proyectos portuarios. La lista incluye accesos marítimos y fluviales, conexiones ferroviarias, carreteras e infraestructura logística asociada. Durante la presentación, De La Espriella planteó que puertos, vías y centros de producción deben funcionar como una red conectada.
La norma también establece reglas para proyectos portuarios de largo plazo y crea un Registro Único de Concesiones Portuarias. Esta herramienta centralizará y digitalizará la información de los contratos, con el propósito de facilitar su trazabilidad y el control público.
De La Espriella sostuvo que la estabilidad de las reglas es necesaria para atraer inversión privada. Afirmó que su gobierno exigirá el cumplimiento de los contratos y respetará los compromisos adquiridos por la Nación. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, acompañó la presentación del decreto en Cartagena.
Comunidades y transición energética
Otro componente permite incorporar a los proyectos iniciativas para las comunidades cercanas a los puertos. Entre ellas figuran infraestructura comunitaria, formación y pesca artesanal, además de proyectos productivos vinculados con la actividad portuaria.
En materia ambiental, el decreto reconoce inversiones adicionales en electrificación de muelles, eficiencia energética, fuentes no convencionales de energía, combustibles marítimos de menores emisiones, economía circular y protección de la biodiversidad. Esas iniciativas deberán sumarse a las obligaciones ambientales vigentes, no reemplazarlas.
El último componente refuerza las reglas para la reversión de activos al Estado al finalizar las concesiones. También establece disposiciones para ordenar la transición entre contratos y mantener la continuidad de la operación portuaria.
