El Centro Democrático radicó un proyecto para conceder a Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias durante seis meses, con las que podría reorganizar ministerios y entidades nacionales mediante decretos con fuerza de ley. La iniciativa deberá ser aprobada por el Congreso antes de entrar en vigencia.
Facultades para reorganizar ministerios
La senadora Julia Correa y el representante Juan Caicedo presentaron la propuesta. El texto habilitaría al Ejecutivo para crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir o liquidar organismos de la Administración Pública Nacional, sin que cada modificación deba surtir un trámite legislativo independiente.
El alcance incluye cambios en la naturaleza jurídica, los objetivos y las funciones de las entidades. También contempla la redistribución de recursos humanos y presupuestales, ajustes a las plantas de personal, reasignación de competencias y reestructuración de organismos nacionales.
La iniciativa coincide con el propósito del Gobierno de reducir el número de ministerios de 18 a 13 dentro de su estrategia de austeridad. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que la reducción y una eventual fusión de carteras serán una realidad, sin detallar las dependencias que entrarían en ese proceso.
Los promotores estiman que las modificaciones podrían generar un ahorro permanente equivalente al 2% del producto interno bruto, cercano a $42 billones. Han planteado que esos recursos podrían dirigirse a infraestructura, programas sociales, educación y una eventual reducción de impuestos.
Restricciones y trámite legislativo
La autorización propuesta no permitiría aumentar el gasto de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación. Tampoco abarcaría la creación de tributos, modificaciones a la regla fiscal ni cambios en el régimen salarial de los servidores públicos.
La Rama Judicial, los organismos de control, la organización electoral y los órganos autónomos quedarían excluidos de la reorganización. El Banco de la República, las universidades autónomas y las corporaciones regionales con regímenes especiales tampoco estarían cobijados por las decisiones previstas.
Tras su elección, De la Espriella anunció en julio una primera reorganización de la Presidencia de la República. Esta incluyó la eliminación de dependencias con funciones duplicadas, entre ellas la Consejería de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, además de una reducción de 229 cargos.
El 28 de agosto, el presidente ordenó revisar integralmente la estructura estatal para identificar duplicidades, rediseñar entidades, estudiar supresiones o fusiones, simplificar trámites y disminuir el gasto de funcionamiento. Como antecedente, la Ley 790 de 2002 otorgó facultades extraordinarias a Álvaro Uribe Vélez y permitió fusionar seis ministerios, de 16 a 13. El proyecto actual debe completar su trámite legislativo antes de que las facultades puedan aplicarse.
