El INPEC ordenó el 6 de octubre de 2026 el traslado de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y otros tres internos. Pinilla fue destinado a La Picota, en Bogotá, pero su defensa pidió dejar sin efecto la decisión porque afirma que una orden judicial vigente dispone su permanencia en un centro de reclusión militar.
Cuatro internos, dos destinos
La resolución 008041 también destina a Olmedo de Jesús López Martínez y Jorge Armando Torres Reyes al establecimiento de reclusión especial de La Picota. Para Jairo Rueda García, el acto ordena el traslado al establecimiento de reclusión especial de La Paz de Itagüí. Los cuatro proceden de cárceles para miembros de la fuerza pública.
La orden siguió a una solicitud presentada el 5 de octubre de 2026 por el director encargado de Custodia y Vigilancia del INPEC. El funcionario pidió ubicar a los internos en establecimientos acordes con su caracterización y conducta punible, que ofrecieran mayores condiciones de seguridad.
En la situación jurídica consignada en la resolución, Pinilla figura como condenado a cinco años, ocho meses y un día por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. López y Torres aparecen como sindicados en sus respectivos procesos. Rueda figura como condenado a 13 años por actos sexuales con menor de catorce años.
Objeción al traslado de Sneyder Pinilla
Gustavo Moreno, quien se presenta como defensa de Pinilla, solicitó que el INPEC deje sin efecto el traslado a La Picota. Sostuvo que existe una orden judicial vigente para que su representado permanezca en un centro de reclusión militar. Esa es la razón que expuso para cuestionar el destino fijado en la resolución.
Moreno afirmó además que Pinilla decidió colaborar con la justicia. En su pronunciamiento reclamó protección para la vida e integridad de su representado y pidió hacer efectivas las garantías otorgadas dentro de ese proceso de cooperación.
La resolución dispone que el desplazamiento se realice con custodia, vigilancia y máximas medidas de seguridad. Las direcciones de los establecimientos de destino deberán coordinarlo con las direcciones regionales Central y Noroeste, con apoyo logístico y de seguridad de la fuerza pública. También deberán informar inmediatamente del traslado a las autoridades judiciales que conocen los casos.
Firmada por Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director general del INPEC, la resolución rige desde su publicación. El costo del traslado se cargará al rubro presupuestal para traslado de internos una vez se asignen los recursos y se sitúen las partidas correspondientes.
