El presidente Abelardo De La Espriella anunció controles sobre recursos públicos, universidades y contratos. También dijo que creó un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y pidió revisar gastos de la administración anterior.
Vigilancia sobre universidades públicas
De La Espriella afirmó que Sincelejo y Sucre recibirán inversión, pero descartó entregar recursos sin controles. Dijo que planteó esa posición al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, por los antecedentes e investigaciones que, según sostuvo, rodean su trayectoria. El presidente aclaró que no le corresponde reemplazar a los jueces.
En Montería, aseguró que ordenó al Ministerio de Educación ejercer inspección y vigilancia sobre la Universidad de Córdoba. La revisión, dijo, abarcará la rectoría, los procesos electorales y el cumplimiento de los estatutos. Sus señalamientos se dirigieron al rector Jairo Torres Oviedo, aunque dejó a las autoridades la determinación de eventuales irregularidades.
También pidió a la ministra Ilva Miryam Hoyos vigilancia inmediata sobre la Universidad de Pamplona. Recordó que el Consejo de Estado anuló la elección del exrector Ivaldo Torres Chávez y mencionó denuncias sobre contratación y burocracia. Esas denuncias no fueron presentadas como responsabilidades ya establecidas.
Bloque de Búsqueda contra la Corrupción
De La Espriella designó a la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia y le encargó coordinar la labor anticorrupción. Afirmó que ya se trabaja con agentes encubiertos en la administración pública para investigar posibles hechos de corrupción. Planteó vigilar contratos, anticipos, adiciones y movimientos financieros cuando la ley lo permita.
El presidente sostuvo que, si se encuentra evidencia de delito, falta o detrimento, deberá remitirse a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Dijo que la revisión también alcanzará a integrantes de su Gobierno y a personas cercanas a él, sin excepciones por vínculos políticos, personales o familiares.
Como parte de la revisión de la administración anterior, citó el contrato interadministrativo 1166 de 2026 del programa Ciberpaz. Indicó que fue celebrado entre la anterior administración del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad de Pamplona por 14.984 millones de pesos. Pidió a la ministra Alexandra Falla información sobre el gasto y una auditoría forense que examine su justificación; no afirmó que el contrato constituyera un delito.
En otra decisión, afirmó que solicitó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, declarar insubsistente el nombramiento del director de Bomberos, Germán Miranda, y que la medida se ejecutó. Lo acusó de actuaciones corruptas, pero señaló que las autoridades establecerán las responsabilidades. Distinguió esa investigación de su decisión de retirarle la confianza para continuar en el cargo.
