El presidente Abelardo de la Espriella cerró conversaciones con varias estructuras armadas, reactivó órdenes de captura suspendidas y autorizó extradiciones durante su primer mes de gobierno. Las decisiones desmontan parte de los mecanismos de la política de “paz total” y trasladan el foco hacia operaciones de la Fuerza Pública.
Cierres y órdenes reactivadas
El cambio incluyó el fin de las conversaciones con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). En el caso de esta última organización, sigue pendiente el cierre definitivo de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT).
Las resoluciones ejecutivas 368 y 365 de 2026 también confirmaron la terminación de los diálogos con el Frente Comuneros del Sur y con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Durante el gobierno de Gustavo Petro se expidieron nueve resoluciones para abrir diálogos con distintas estructuras armadas.
Con el cierre de esas mesas, la Fiscalía General reactivó las órdenes de captura que habían sido suspendidas para varios cabecillas vinculados a los procesos. Entre ellos figura Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, señalado como máximo líder del EMBF.
La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, en un operativo de la Fuerza Pública en Riohacha fue el primer resultado contra uno de los objetivos militares que De la Espriella había anunciado antes de asumir la Presidencia. Tras esa operación, permanecen en la lista Róbinson Navarro Flórez, alias Alfred; Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño; Calarcá, y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.
Extradiciones y ofensiva militar
El Gobierno autorizó la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, líder de los Comandos de la Frontera e integrante de la CNEB. La decisión había sido aprobada desde 2025, pero su ejecución permanecía aplazada mientras avanzaban los diálogos.
También serán extraditados Willington Henao, alias Mocho Olmedo, y Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca. Las extradiciones de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, fueron firmadas; ambos permanecen prófugos.
La ofensiva incluyó tres bombardeos en Norte de Santander y Guaviare contra estructuras del ELN y disidencias de las Farc. Los operativos dejaron ocho, 10 y 20 muertos, respectivamente, además de capturados y menores de edad recuperados.
La muerte de menores durante esas operaciones llevó el debate a los juzgados. Un juzgado ordenó suspender los bombardeos hasta garantizar que en las zonas donde se ejecuten no haya niños, niñas o adolescentes.
Aún faltan resoluciones para culminar formalmente los diálogos con el ELN, suspendidos desde enero de 2025, y para cerrar los procesos con las bandas urbanas de Buenaventura y Quibdó. También continúan pendientes los cierres definitivos de los espacios de conversación sociojurídica con el Clan del Golfo.
El Ministerio de Defensa reportó que, a julio de 2026, el Clan del Golfo tenía 10.268 integrantes, un crecimiento del 152 %. El ELN registraba 7.123 miembros; el EMC, 4.480, y la CNEB, 2.359.
En paralelo, el Gobierno prepara un Estatuto Antiterrorista para establecer un tratamiento carcelario más estricto y agravantes de penas para integrantes de organizaciones incluidas en la lista de grupos terroristas. El Ministerio de Defensa también anunció la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, REMAS, todavía en desarrollo y a cargo de la Armada y el Inpec.
