El Pleno del Congreso decidirá el jueves 10 de septiembre sobre el rechazo de la Cuenta General del Estado de 2024 y su devolución al Tribunal de Cuentas. La resolución encargaría un informe sobre los efectos de las prórrogas presupuestarias, sin anular los gastos ya ejecutados ni interrumpir los servicios públicos.
Qué se vota en el Congreso
La iniciativa parte de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde PP y Vox suman mayoría. El dictamen aprobado por ese órgano plantea rechazar la Cuenta General del Estado de 2024, una decisión que abriría un precedente en el control parlamentario de las cuentas públicas.
La Cuenta General se elabora una vez cerrado el ejercicio y recoge cuánto ingresó y gastó realmente el sector público, así como la ejecución de las partidas autorizadas. Por ello, su examen parlamentario difiere del de los Presupuestos Generales del Estado, que fijan de forma previa las previsiones de ingresos y gasto.
El principal efecto de una eventual aprobación sería institucional y político: la Cámara devolvería al organismo fiscalizador su Declaración para que incorpore un informe técnico-jurídico sobre los efectos de la prórroga presupuestaria. La comisión fijó para ese trabajo un plazo de tres meses.
El rechazo no dejaría sin efecto los gastos realizados en 2024 ni los Presupuestos vigentes. Tampoco supondría por sí mismo la suspensión de pensiones, prestaciones por desempleo, nóminas de empleados públicos, inversiones o servicios estatales, ni obligaría a convocar elecciones o provocaría la caída del Gobierno.
Las observaciones sobre las cuentas de 2024
El Parlamento revisará la gestión de un año en el que no se aprobaron nuevas cuentas y continuaron prorrogados los Presupuestos de 2023. La resolución cuestiona la falta de un proyecto presupuestario, las modificaciones introducidas por el Ejecutivo y los riesgos asociados a esa práctica.
Durante 2024, las adaptaciones sobre las cuentas prorrogadas elevaron el importe autorizado para gastar en 77.341,9 millones de euros respecto al previsto al comienzo del ejercicio. Además, el Tribunal de Cuentas detectó una sobrevaloración de 4.090,3 millones de euros en el resultado presupuestario consolidado, al contabilizar determinadas obligaciones y derechos en un ejercicio distinto del correspondiente.
Pese a esas incidencias, el Tribunal emitió una opinión favorable con salvedades. El organismo consideró que la Cuenta General reflejaba globalmente la situación económica y financiera del Estado, aunque señaló errores y aspectos que debían corregirse o justificarse mejor.
Entre las operaciones examinadas figuran dos modificaciones presupuestarias de 2.389,4 millones de euros para gastos de pensiones, aprobadas en noviembre de 2024. Los créditos procedían de disponibilidades del Servicio 50, una partida vinculada al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, sostuvo ante el Parlamento que ni la Declaración ni los votos concurrentes afirmaban que se hubiera empleado dinero de la Unión Europea para financiar pensiones. La observación del organismo se centró en que los fundamentos jurídicos del traslado de créditos debían explicarse mejor.
La votación se celebra mientras España mantiene en 2026 los Presupuestos aprobados para 2023 mediante prórrogas automáticas. El artículo 134.4 de la Constitución establece que las cuentas anteriores continúan vigentes cuando no se aprueba una nueva Ley de Presupuestos al inicio del ejercicio.
