La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, revocó la sanción económica impuesta a Valledupar por la disposición de residuos en la margen derecha del río Guatapurí. La decisión elimina una multa superior a 1.900 millones de pesos y la obligación de reforestar, tras identificar irregularidades que afectaron el derecho de defensa del municipio.
El origen de la sanción
El proceso se originó en 2018, cuando fue hallado un botadero de residuos entre los barrios Pescaito y Zapato en Mano. Corpocesar abrió entonces una actuación formal contra la administración municipal por la situación detectada en esa zona.
Mediante la Resolución 165 de 2019, la autoridad ambiental declaró responsable al municipio por contaminación. Además del pago de la multa, ordenó ejecutar labores de reforestación en el área afectada.
La administración local recurrió la decisión a través de su equipo jurídico. Su argumento fue que no había pruebas certeras que vincularan directamente a la Alcaldía con el vertimiento de residuos. El abogado del municipio sostuvo que las investigaciones preliminares apuntaban a personas ajenas a la administración, que también operaban hornos artesanales en el sector.
El municipio también indicó que había realizado jornadas de limpieza y recolección de basuras. Esas actuaciones, de acuerdo con la defensa local, no fueron consideradas durante el trámite sancionatorio.
Fallas en el proceso sancionatorio
Al revisar el expediente, Corpocesar determinó que la apertura de la actuación y la formulación de cargos quedaron reunidas en el Auto 937 de 2018. Esa falta de separación impidió que Valledupar ejerciera de forma adecuada su defensa y solicitara el cierre del proceso, una garantía establecida por el Consejo de Estado.
La entidad también concluyó que los cargos no correspondían a una omisión en la vigilancia, sino a la comisión directa de los hechos. Esta última conducta no quedó acreditada en las pruebas reunidas dentro de la actuación.
Con la revocatoria, Valledupar ya no deberá pagar la sanción ni cumplir la medida compensatoria de reforestación. La decisión se fundamentó en las irregularidades procesales encontradas durante el reexamen del caso.
Corpocesar precisó que la revocatoria no desconoce el impacto ambiental causado y que mantiene su defensa del entorno. El expediente queda sin los efectos económicos y compensatorios fijados en la resolución de 2019.
