La Defensoría del Pueblo advirtió que comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y del pueblo Rrom continúan enfrentando graves afectaciones por el conflicto armado, las economías ilícitas y las dificultades para acceder a servicios básicos del Estado.
Según el más reciente informe de la entidad, 29 de las 42 defensorías regionales reportaron situaciones relacionadas con confinamientos, restricciones a la movilidad, reclutamiento de menores, amenazas contra líderes comunitarios y control territorial por parte de grupos armados.
La Defensoría señaló que estas dinámicas no solo afectan la seguridad de las comunidades, sino que también ponen en riesgo su autonomía, sus prácticas culturales y sus formas de gobierno propio.
El informe también evidencia problemas recurrentes en el acceso a salud y educación, especialmente en departamentos como La Guajira, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas, Vaupés y Guainía.
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La entidad advirtió que estas fallas afectan principalmente a niños, niñas y mujeres pertenecientes a comunidades étnicas, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a derechos fundamentales.
Frente a este panorama, la Defensoría propuso medidas para fortalecer la protección de los territorios, prevenir el reclutamiento de menores, mejorar el acceso a servicios con enfoque cultural y reforzar las garantías de participación de las comunidades frente a proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura.
Además, alertó sobre el avance de estructuras ilegales que, en algunos territorios, han establecido formas de control social y económico que limitan la autodeterminación de los pueblos étnicos y aumentan su dependencia de economías ilícitas.
