A solo 11 días de la primera jornada electoral de 2026, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, presentó un despliegue operativo que no deja espacio a dudas: el Estado está decidido a garantizar elecciones en paz, y lo hace con fuerza y vigilancia total.
En el marco del Plan Democracia, el MinDefensa afirmó que, pese a las amenazas latentes, han diseñado estrategias que mitigan riesgos y blindan los comicios. Identificaron 208 municipios con riesgo alto y concentraron allí todas las capacidades de la Fuerza Pública.
Para anticipar y frenar los delitos electorales, el gobierno ofrece recompensas de hasta $50 millones para quienes brinden información que permita capturar y judicializar a quienes intenten atentar contra la democracia.
Más de 246.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desplegarán operaciones en 13.493 puestos de votación. Además, se extendió el servicio militar obligatorio, sumando 22.000 militares y 4.000 auxiliares de Policía, para reforzar la cobertura en todo el país.
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El gobierno también elevó sus capacidades de inteligencia, investigación preventiva y ciberseguridad, buscando detectar, anticipar y neutralizar cualquier intento de alterar el orden electoral o difundir desinformación.
El despliegue incluye coordinación con el Ministerio del Interior, la Contraloría, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación de la OEA, con el objetivo de garantizar una paz electoral sin tintes políticos.
