A menos de una semana que se haya instalado la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales por parte de la Registraduría, la Procuraduría y la fuerza pública, se presentó este martes una denuncia grave que implicaría la presencia de millonarias sumas de dinero del narcotráfico en el Pacífico colombiano, con el objetivo de interferir en las elecciones del 8 de marzo.
La contundente denuncia se hizo desde la coalición del Frente Amplio, los partidos de centro-izquierda que apoyan el proyecto de cambio del presidente Gustavo Petro. En tal sentido, el cabeza de lista al Senado, Gustavo García Figueroa, presentó la grave advertencia desde Buenaventura, Valle, al asegurar que “Pacífico está siendo blanco de una estrategia criminal que busca silenciar la voluntad de cambio a través de la compra de votos con dineros del narcotráfico”.
Para García, la transformación de Buenaventura no puede construirse sobre bases corruptas, “no es con palabras, eso es con respeto, eso es con honestidad. Por eso, yo le quiero hacer el llamado a la gente de Buenaventura: que votemos con conciencia, que votemos con la unidad de la nación, que rechacemos a esos compradores de votos que vienen con el dinero del narcotráfico a ofrecer lo que no pueden cumplir. Que esos dineros que hoy inundan las calles en toda Colombia no vengan a comprar las conciencias de la gente, porque necesitamos que ese Pacífico digno, ese Pacífico que le dijo ‘sí’ al cambio”.
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Advirtió que el dinero que hoy fluye en las calles de las zonas más vulnerables de Colombia no es «ayuda», sino una cadena perpetua de subdesarrollo y violencia.
El registrador Hernán Penagos, al instalar la comisión de seguimiento de los delitos electorales, destacó que la Fiscalía General tiene un mapa de riesgo, que es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de la Registraduría, porque “permitirá focalizar acciones, ubicar estratégicamente puestos y mesas de votación, fortalecer la coordinación con la Fuerza Pública, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral, y concentrar esfuerzos en los territorios más vulnerables”.
El registrador también dijo que hay una alerta porque se identificó que grupos armados ilegales muestran interés político y electoral en el 40% de los municipios donde hacen presencia, de 312 municipios, casi la mitad presentan dinámicas que podrían poner en duda la libertad y transparencia del proceso electoral de 2026.
De Colprensa
