Por negarse a aprobar una reforma estaturaria que limitaba sus atribuciones para aprobar el manual de contratación de la entidad, la Procuraduría formuló pliego de cargos a Jorge Eliecer Doria Corrales, quien se desempeñó como presidente de la Cámara de Comercio de Montería entre 2016 y 2020.
Según la Procuraduría, Doria se habría negado a aprobar una reforma de los estatutos que limitaba su facultad que le permitía aprobar el Manual de contratación, compra y suministro, así como sus modificaciones y actualizaciones.
La entidad señaló que el entonces directivo habría pasado por alto incluir en el documento un sistema de selección para la contratación que brindara garantías al cumplimiento de los principios de selección objetiva, transparencia, igualdad, imparcialidad y pluralidad de oferentes, para evitar la discrecionalidad de quien ocupe la presidencia de la entidad.
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La Procuraduría también profirió cargos contra el entonces vicepresidente de la corporación, Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, y los entonces vocales Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibáñez, quienes permitieron la conducta que perpetuaba en la entidad la selección y adjudicación de los contratos a las mismas sociedades comerciales que los habían obtenido durante varios años.
De Colprensa para Nación Costeña.
