La Fiscalía presentó este martes ante un juez el principio de oportunidad de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien está involucrado en el escándalo de corrupción que ha sacudido la entidad.
Aunque su defensa solicitó que la audiencia de solicitud fuera pública, el proceso se lleva a cabo de manera reservada, sin acceso a la prensa y a la ciudadanía, a pesar de que Pinilla ha insistido en la importancia de que se haga de forma abierta.
Pinilla, quien actualmente cumple una condena de más de cinco años de prisión por su implicación en el caso, ha sido clave en la colaboración con la justicia. Durante los últimos meses, ha entregado pruebas sustanciales que incluyen documentos, grabaciones, mensajes y otros elementos probatorios, los cuales han servido para abrir investigaciones contra varios funcionarios de alto rango, congresistas y contratistas.
A través de una carta enviada a los despachos judiciales, el exfuncionario de la UNGRD pidió expresamente que su audiencia no se realizara bajo reserva, como se había dispuesto inicialmente, sino que fuera pública y accesible para los medios de comunicación y la ciudadanía.
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En su misiva, Pinilla expresó: “Solicito que mi audiencia de solicitud de principio de oportunidad no sea reservada ni secreta, sino pública, con acceso para medios y ciudadanía”, subrayando que la transparencia en el proceso es fundamental para garantizar su seguridad.
Pinilla, quien ha sido testigo clave en el caso de corrupción, argumentó que su solicitud no responde a un capricho, sino a una necesidad de protección. “La difusión de esta audiencia no es un capricho. Es mi única garantía real de protección frente a quienes se benefician de mi silencio, frente a quienes han intentado intimidarme, sobornarme, desprestigiarme y frenar mi colaboración”, afirmó.
El exsubdirector de la UNGRD, que ha colaborado activamente con las autoridades desde el inicio de la investigación, insistió en que la audiencia pública sería el único mecanismo de protección frente a los posibles intentos de sabotear su testimonio. “La transparencia es el mejor blindaje contra la corrupción y contra el miedo”, añadió.
En cuanto a su solicitud de principio de oportunidad, Pinilla recordó que este no debe considerarse como un perdón, sino como una herramienta jurídica que permite acceder a estructuras criminales complejas y obtener información crucial para esclarecer hechos de corrupción. En su misiva, afirmó que, al aceptar colaborar con la justicia, no buscaba una inmunidad judicial, sino una oportunidad para revelar la verdad sobre los actos ilícitos cometidos dentro de la UNGRD.
“El principio de oportunidad no es un perdón a quien cometió delitos, sino una herramienta que permite entrar en estructuras criminales cerradas, donde la verdad no se consigue en un allanamiento, sino cuando alguien que estuvo adentro decide contar lo que pasó y lo cuenta con pruebas”, explicó.
El exsubdirector subrayó que, al haber decidido colaborar con las autoridades, sabía que enfrentaría grandes riesgos, pero no imaginó el alto precio que tendría que pagar. De hecho, la Fiscalía ha indicado que los documentos y testimonios proporcionados por Pinilla han sido fundamentales para destapar irregularidades en contratos fraudulentos de la UNGRD y en otras entidades gubernamentales.
La colaboración del exfuncionario con las autoridades ha sido determinante para la apertura de procesos contra otros funcionarios y congresistas implicados en el desvío de recursos destinados a la gestión de emergencias en Colombia. Según fuentes cercanas al proceso, las pruebas entregadas por Pinilla han permitido identificar vínculos entre los contratos fraudulentos y varios actores políticos de alto perfil.
Además, en su carta, Pinilla detalló que el material entregado a la Fiscalía, incluyendo pruebas documentales, grabaciones y testimonios, ha sido crucial para abrir investigaciones judiciales contra congresistas, ministros y contratistas involucrados en el desfalco de fondos públicos.
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia ha ordenado la citación de Pinilla para que rinda declaración en el marco de la investigación que involucra a varios congresistas, entre ellos los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). La Sala de Instrucción de la Corte lo citó para los días 13, 14 y 15 de agosto, con el fin de que aporte detalles sobre su colaboración y las pruebas que ha entregado a la Fiscalía.
Entre los congresistas salpicados por el escándalo figuran Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, quienes forman parte de la CICP. Estos parlamentarios están siendo investigados por su presunta participación en actos de cohecho impropio relacionados con la aprobación de operaciones de crédito a favor del Ministerio de Hacienda, a cambio de la asignación de contratos fraudulentos en la UNGRD.
Los indicios apuntan a que los congresistas habrían intervenido para asegurar la asignación de recursos a proyectos en municipios como Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar.
El abogado defensor de Pinilla, Gustavo Moreno, ha solicitado a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se activen medidas de protección para su cliente, tras la divulgación de un video que muestra un intento de soborno.
En el video, dos implicados en el escándalo de los carrotanques ofrecen a Pinilla $13.000 millones a cambio de que se retracte de sus declaraciones. Esta grabación fue parte de una operación de la Fiscalía, que coordinó con el exfuncionario la captura de los responsables de la tentativa de soborno.
Moreno ha señalado que, aunque la solicitud de protección es necesaria, esta no obedece a intereses personales, sino al profundo compromiso con la lucha contra la corrupción. “Ser parte de una operación para denunciar un delito que pretendía sepultar la verdad, sin duda, fue y es lo correcto”, manifestó.
La solicitud de principio de oportunidad de Pinilla se sigue tramitando, y su testimonio sigue siendo fundamental para la investigación que involucra a varios altos funcionarios y congresistas. La audiencia continuará bajo reserva, pero su defensa insiste en que la transparencia es clave para la protección de su cliente y para garantizar el éxito de la colaboración con la justicia en este caso de gran magnitud.
Colprensa
