El 26 de junio, la Fiscalía presentará ante un juez el principio de oportunidad al que llegó con María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, en el que se compromete a declarar en contra del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
El acuerdo se presentó días después de que Benavides fue imputada por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias, dentro de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía explicó que Benavides Soto, quien trabajó de cerca con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría intervenido en el direccionamiento de tres contratos por un total de $92.000 millones de pesos.
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Dichos contratos, asignados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), habrían sido utilizados como mecanismo para influir en congresistas de la Comisión de Crédito Público.
La intención, según el ente acusador, era lograr que varios legisladores votaran a favor de la aprobación de créditos solicitados por el Ejecutivo. Estos recursos estaban destinados a respaldar proyectos gubernamentales, pero habrían sido gestionados bajo presiones indebidas, dentro de un esquema más amplio de corrupción en la UNGRD.
Los legisladores involucrados son Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, junto con el exrepresentante Juan Diego Muñoz, quienes promovieron conceptos favorables para operaciones de crédito público desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), a cambio de contratos gestionados por la UNGRD.
Benavides Soto se desempeñó como asesora técnica del viceministerio general del Ministerio de Hacienda hasta marzo de 2024. Salió del cargo tras revelarse posibles irregularidades en la gestión de recursos asignados a la UNGRD. Según medios nacionales, fue una de las personas clave en la estructuración de las partidas presupuestales relacionadas con los contratos hoy investigados.
Las indagaciones sobre su participación se suman a otras líneas del caso UNGRD que comprometen a altos exfuncionarios y contratistas, y que buscan determinar la magnitud de la red de tráfico de influencias, desvío de recursos y favorecimientos políticos a partir de contratos públicos.
De Colprensa
