La Fiscalía imputó el delito de prevaricato al excanciller Álvaro Leyva, por las irregularidades detectadas en el proceso de licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes en 2023.
La investigación apunta a que habría sido el responsable de proferir varios actos administrativos irregulares durante esos procesos de licitación.
Recientemente, Leyva fue sancionado con 10 años de inhabilidad por la Procuraduría. El Ministerio Público ratificó que la decisión que tomó el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, al que estaba obligado como funcionario.
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El ente de control precisó que la determinación de Leyva se basó en el hecho de que al proceso se presentó un único oferente, argumento que no era válido para declarar desierta la licitación, dado que la empresa cumplía con todos los requisitos definidos en los pliegos de condiciones.
En la decisión, firmada por el procurador general, Gregorio Eljach, se confirmó que Leyva Durán desconoció con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal. Por estos hechos, su falta disciplinaria fue calificada de manera definitiva como gravísima, cometida a título de dolo.
Al tratarse de una decisión de segunda instancia, el fallo no admite recursos ante la Procuraduría.
El caso se remonta a septiembre de 2023, cuando Leyva declaró desierta la licitación por cerca de $600.000 millones para la elaboración de los pasaportes. En su momento, el exfuncionario justificó su decisión alegando que el proceso licitatorio parecía estar dirigido a favorecer a la firma Thomas Greg & Sons, compañía que había mantenido el contrato durante los últimos 17 años, y que su intención era proteger los recursos del Estado y garantizar la pluralidad de oferentes.
De Colprensa
