El Gobierno nacional puso en marcha la primera fase de un plan extraordinario y temporal para atender a 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes. La estrategia priorizará los casos de mayor riesgo y busca verificar que las atenciones represadas sean resueltas.
Atención prioritaria en los 32 departamentos
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó iniciar la identificación de pacientes con servicios pendientes, tras un cruce de información con aseguradores y el seguimiento a peticiones, quejas y reclamos. La primera etapa tendrá cobertura en los 32 departamentos del país y concentrará sus acciones entre septiembre y diciembre.
La cobertura incluye a más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y el seguimiento de más de 300.000 pacientes con procedimientos aplazados. Las EPS deberán reportar los servicios pendientes, identificar a las personas afectadas y gestionar la atención que les corresponda.
La prioridad recaerá en pacientes con riesgo vital o de pérdida irreversible de la respuesta terapéutica. Entre los grupos incluidos están personas con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, neurodegenerativas, diabetes y VIH; también quienes tengan alta probabilidad de hospitalización y gestantes que requieran tratamientos esenciales.
El plan contempla cuatro etapas: identificar al paciente y su situación, establecer quién debe garantizar la atención, destrabar los medicamentos o procedimientos y hacer seguimiento hasta confirmar que el usuario recibió el servicio requerido.
Entre enero y julio de este año, la Superintendencia Nacional de Salud registró 1.220.142 reclamos, un promedio de 5.755 diarios. El 92% correspondió a barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud, de acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno.
Compra de cartera y control
Para financiar la operación, el Ejecutivo anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida con 0 % de interés y un año de gracia para esta fase. De la Espriella afirmó que los recursos estarán ligados a las necesidades del plan y que no se pagarán nuevamente servicios que ya hayan sido cubiertos.
El Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES integrarán una mesa técnica de control. La Supersalud verificará el cumplimiento de las EPS y podrá ejercer acciones cuando encuentre incumplimientos.
El Ministerio de Salud estudia además alternativas para destrabar recursos ya existentes en el sistema, entre ellas la bolsa de presupuestos máximos, afectada por dificultades en el cierre del ciclo de MIPRES. La ministra Ana María Vesga ha reconocido que los COP 10 billones prometidos en campaña para el plan no están disponibles por ahora.
La compra de cartera aún no tiene definidos la cartera que ingresaría al mecanismo, los criterios para seleccionar obligaciones, el monto de recursos estatales ni su fecha de operación. Mientras avanza la medida, el Gobierno mantiene que la responsabilidad permanente por la continuidad y oportunidad de la atención seguirá en cabeza de las EPS, bajo vigilancia de las autoridades sanitarias.
