La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó a ejecutar sanciones restaurativas mientras su presupuesto para 2027 concentra un debate sobre resultados, costos y la capacidad de cumplir las sentencias en los territorios. En un momento dónde el país se apreta el cinturon.
Primeras medidas en marcha
En septiembre de 2026, integrantes del antiguo Secretariado de las FARC iniciaron trabajos comunitarios derivados de decisiones de la jurisdicción. Con ello comenzó una fase en la que el cumplimiento de las medidas y sus resultados verificables adquieren un lugar central en la evaluación del modelo restaurativo.
La JEP fue creada como componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tras el Acuerdo de Paz de 2016. Investiga, esclarece y sanciona los crímenes más graves del conflicto armado bajo un esquema que da un papel central al reconocimiento de verdad y responsabilidad.
El modelo contempla sanciones distintas a las penas tradicionales de prisión para quienes reconocen responsabilidad y aportan verdad, además de otras medidas que dependen del comportamiento procesal del compareciente. La puesta en marcha de las sanciones abre una nueva etapa para verificar las obras restaurativas, las restricciones de derechos y las responsabilidades en los territorios.
Para preparar esa ejecución, el Ministerio de Justicia anunció en julio de 2026 más de $20.000 millones destinados a los primeros proyectos restaurativos vinculados con sanciones impuestas a 19 comparecientes que reconocieron responsabilidad. El Gobierno también informó la realización de más de 40 mesas técnicas.
Resultados y costo acumulado
Luego de años de investigaciones, acreditación de víctimas, audiencias e imputaciones, la entidad ha identificado a 367 personas como máximos responsables y ha producido imputaciones, de acuerdo con las cifras divulgadas por la propia jurisdicción. Entre sus decisiones figuran las relacionadas con los secuestros atribuidos a las antiguas FARC y los llamados falsos positivos.
La discusión se concentra en la magnitud y oportunidad de esos avances. Los críticos cuestionan la velocidad de los procesos y la eficacia de las sanciones, mientras otras víctimas han valorado decisiones de la jurisdicción. Las posiciones siguen divididas sobre el alcance del tribunal y sus resultados.
El costo de funcionamiento también forma parte de la controversia. En 2018, el tribunal destinaba cerca de $110.797 millones a ese rubro; en 2023 la cifra llegó a $390.545 millones, en 2024 ascendió a $494.225 millones y en 2025 alcanzó $550.211 millones.
La JEP ejecutó el 99,3 % de su presupuesto durante 2025. Ese año reportó miles de víctimas con representación judicial, además de cientos de audiencias y diligencias. El aumento del gasto de funcionamiento durante esos años ha llevado el foco del debate a la relación entre los recursos públicos, el avance de los procesos y la ejecución efectiva de las sentencias.
Recursos de la JEP para 2027
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha advertido que el presupuesto contemplado para 2027 es inferior al solicitado para cumplir las funciones de la jurisdicción y ejecutar las sentencias. También ha sostenido que una reducción podría afectar el cumplimiento de su mandato.
En sentido contrario, el senador Enrique Gómez propuso trasladar $100.000 millones de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. El presidente Abelardo de la Espriella respaldó públicamente la iniciativa. Sus promotores plantean fortalecer la justicia ordinaria y cuestionan los resultados de la justicia transicional.
El exdiputado Sigifredo López, víctima de secuestro por las FARC, ha cuestionado públicamente el funcionamiento y el costo de la JEP, y promovió una iniciativa de firmas para impulsar su eliminación. Mientras el Congreso discute la financiación, la jurisdicción busca cerrar sus principales investigaciones y poner en marcha las primeras sanciones restaurativas.
La ejecución de esas decisiones será el siguiente punto de evaluación del tribunal: los trabajos restaurativos, las restricciones de derechos, la verdad para las víctimas y las responsabilidades verificables deberán trasladarse a los territorios en una etapa marcada por la discusión presupuestal de 2027.
