El abogado Guillermo Rodríguez Martínez presentó una acción popular para que se suspendan pagos y actos financieros del contrato de 17 aviones Gripen E/F, mientras se hacen públicas las condiciones de financiación de la operación.
El recurso fue radicado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y está dirigido contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana, los ministerios de Defensa y Hacienda, la Presidencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional. La demanda invoca la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público.
Rodríguez pidió frenar desembolsos, giros, autorizaciones de vigencias futuras y otros actos de ejecución contractual, presupuestal o financiera. También solicitó una medida cautelar de urgencia para detener provisionalmente esos movimientos durante el trámite judicial.
La petición plantea que la suspensión se mantenga hasta que las entidades acrediten públicamente el mecanismo específico de financiación, el costo financiero total y los intereses proyectados. Además, reclama información sobre el trámite Conpes relacionado con la estructuración del crédito y un pronunciamiento de Hacienda sobre la sostenibilidad fiscal de la operación.
La acción sostiene que el contrato con la empresa sueca Saab ya fue suscrito y está en ejecución para reemplazar la flota de Kfir. Su valor asciende a 3.135,5 millones de euros, de acuerdo con una respuesta oficial de la FAC citada en la demanda.
La controversia surgió tras derechos de petición presentados por el abogado el 20 de agosto. Allí requirió las condiciones de pago, el cronograma de desembolsos, estudios previos y de costo-beneficio, la minuta contractual y los documentos que respaldaron las autorizaciones presupuestales de la compra.
La FAC negó la entrega de parte de esos documentos al considerar que están cobijados por reserva legal vinculada con la defensa y la seguridad nacional. El demandante cuestiona que esa restricción se hubiera extendido a información financiera y presupuestal que considera susceptible de divulgación.
En sus respuestas, la Fuerza Aeroespacial confirmó la existencia de un aval fiscal del Confis emitido el 14 de agosto de 2025, el Conpes 4155, un concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación y una autorización de cupo de vigencias futuras. La acción afirma que esos documentos no fueron entregados.
El Ministerio de Defensa mantuvo la negativa en un oficio del 7 de septiembre, al reiterar la reserva legal. Si no se ordena frenar toda la operación, la demanda propone detener los desembolsos, giros y vigencias futuras que aún no se hayan perfeccionado.
Entre sus argumentos, Rodríguez incluyó el escenario fiscal derivado del terremoto del 10 de agosto y las necesidades de reconstrucción y atención de las zonas afectadas. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca evaluará la admisión de la acción popular y la procedencia de las medidas cautelares solicitadas.
