El Gobierno anunció oficialmente la ampliación de las gestorías de paz para varios de los ex jefes paramilitares.
“Prorrogar por dos (2) meses, a partir de la vigencia de la presente resolución, la calidad como gestores de paz y en las mismas condiciones de la Resolución 453 del 8 de noviembre de 2024”, señaló la resolución 152 firmada por el presidente, Gustavo Petro.
Esta medida cobija a reconocidos actores del conflicto armado en Colombia como Arnubio Triana Mahecha, Héctor José Buitrago Rodríguez, Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada Márquez, José Baldomero Linares Moreno.
También se encuentran Salvatore Mancuso Gómez, Carlos Mario Jiménez Naranjo (alias «Macaco»), Diego Fernando Murillo Bejarano («Don Berna»), Rodrigo Tovar Pupo («Jorge 40»), Rodrigo Pérez Alzate, Fredy Rendón Herrera, Edwar Cobos Téllez y Héctor Germán Buitrago Parada.
Aunque inicialmente el mandatario señaló que eran 18 los ex jefes paramilitares beneficiados con esta medida, el documento confirmó el retiro de este rol como gestor de paz de Ramón María Isaza Arango y de Hebert Veloza García, reconocida el 8 de noviembre de 2024.
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En el caso de Veloza García, conocido con el alias «HH» se tomó la decisión en razón a que él rechazó el nombramiento como gestor de paz, mientras que Isaza se debió a problemas de salud.
La resolución publicada advirtió que esta determinación se dio para que contribuyan “con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.
Según explicó Petro en su momento, la decisión se tomó con la finalidad de cerrar el proceso de diálogo conocido como Ralito, que inició en el gobierno de Álvaro Uribe, además de finiquitar la entrega de bienes y tierras por parte de los ex paras.
Además, el documento enfatiza que se acordó el desarrollo de mesas técnicas y de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición con actores armados ilegales. Sin embargo, seis meses después de publicada la resolución inicial, aún no se ven acciones al respecto, ni se ha resarcido a las víctimas.
