La comunidad rural de Monclart celebró este martes una victoria jurídica sin precedentes, tras lograr que el Juzgado Tercero Penal Municipal de Mocoa ordenara el desbloqueo inmediato de la única vía de acceso a su vereda, clausurada desde marzo por protestas ilegales. El fallo, identificado como la sentencia 0054 del 19 de mayo, representa un hito en la defensa de los derechos fundamentales frente a bloqueos ciudadanos que afectan a terceros.
Durante casi dos meses, los habitantes de Monclart vivieron en aislamiento forzado debido a campamentos instalados por la Junta de Acción Comunal de Pueblo Viejo, que lideró protestas contra la empresa Libero Cobre Ltd. La vía permaneció cerrada desde el 25 de marzo, con controles arbitrarios que restringieron el paso incluso a enfermos y trabajadores, poniendo en riesgo la salud, el empleo y el abastecimiento básico.
Ante la inacción de la Alcaldía de Mocoa, la Gobernación del Putumayo y otros entes de control, la lideresa comunitaria Bety Jiménez interpuso una acción de tutela que hoy marca jurisprudencia.
Fallo contundente: protestar no puede vulnerar derechos
La jueza Tania Marcela Martínez Muñoz determinó que los bloqueos constituyen una “vía de hecho ilegítima”, al exceder el marco constitucional del derecho a la protesta. En el fallo, advirtió que ningún acto de resistencia puede sobreponerse al derecho de una comunidad —reconocida como sujeto de especial protección constitucional por el Acto Legislativo 01 de 2023— a la libre locomoción, la salud y el trabajo.
La magistrada ordenó convocar en menos de 48 horas una mesa interinstitucional con presencia de la Alcaldía, la Gobernación, la Policía, la Defensoría, la Personería y delegados de las dos veredas en conflicto. Además, instruyó a la Policía Nacional garantizar el tránsito libre y seguro, y exigió a la Junta de Pueblo Viejo abstenerse de nuevos bloqueos o controles.
Un precedente nacional para la defensa de los derechos fundamentales
Más allá del contexto local, esta sentencia envía un mensaje claro: el derecho a la protesta debe ejercerse sin lesionar derechos ajenos. La Corte Constitucional revisará el fallo, lo que podría convertirlo en un referente para resolver situaciones similares en otras regiones del país.
“Recuperamos nuestra dignidad”
La comunidad de Monclart recibió con alivio y esperanza el fallo. “Esta sentencia nos devuelve la posibilidad de vivir con dignidad”, afirmó Darío Octavio Cerón, presidente de la Junta de Acción Comunal local.
Ahora, las autoridades tienen la responsabilidad de cumplir de forma inmediata lo ordenado por la justicia, bajo advertencia de sanciones por desacato.
