El pasado miércoles, 14 de mayo, inicio una nueva etapa en la investigación que se sigue para desenmarañar el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), que salpicó desde funcionarios de esa entidad hasta ministros, personas cercanas a la Presidencia, senadores y empresarios.
Ese día, la Fiscalía anunció la imputación contra la ficha más importante del Gobierno Petro a la que toca hasta ahora el escándalo, el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, que, para el momento en que se gestó toda la red de corrupción que ahora es objeto de investigación, era la mano derecha del presidente Gustavo Petro.
No solo por la cercana relación que han tenido desde que los dos eran militantes del M-19, o porque como presidente de la Alianza Verde fue clave para la estrategia electoral del petrismo, sino porque desde su cargo en la dirección del Dapre era quien tras bambalinas movía las fichas que fuera necesario para sacar adelante en el Congreso las reformas de salud y pensional.
Y es ahí donde aprovechando su poder habría empezado a fraguar una red de corrupción liderada por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla exsubdirector, (al primero le fue negado el preacuerdo y el segundo ya fue condenado a seis años de cárcel), que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas. Algunas de ellas entregadas a congresistas para precisamente abrirle camino a esas reformas en el legislativo.
Sugerencias: Fiscalía imputará al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González por caso UNGRD
En la primera fase de investigación, la Fiscalía detectó irregularidades en más de 20 contratos, relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra. Según la investigación, la mayoría terminó en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El pastuso”, quien dirige más de 30 empresas. Tiempo después encontró más irregularidades. Por ejemplo, en un convenio para la adquisición de tanques plásticos de 5.000 litros para reserva de agua para el departamento de la Guajira.
El hombre detrás de gran parte el escándalo
El poder de Carlos Ramón González se materializó dentro de un contrato por la compra de 40 carrotanques que llevarían agua potable a La Guajira. El ente investigador encontró que Olmedo López y Sneyder Pinilla se aliaron con “El pastuso”, para entregarle dichos contratos por un valor de $108.000 millones, a cambio de un 13% de coimas. Pero todo no para ahí. Con el dinero ganado ilegalmente, el exdirector de la UNGRD habría entregado dinero a congresistas.
Concretamente, $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, y de $1.000 millones a Andrés Calle, su par en la Cámara de Representantes, (todos ya capturados y quienes se encuentran privados de su libertad) por presunta orden directa del exdirector del Dapre. Para probarlo, la Fiscalía tiene pruebas de dos reuniones realizadas en su oficina en el tercer piso de la Casa de Nariño.
En la primera realizada en septiembre de 2023, Carlos Ramón González le habría recomendado al entonces director de la UNGRD: conseguir contratos dirigidos a los presidentes del Congreso y la Cámara, pero ante el poco tiempo para lograrlo ordenó entregarles 4.000 millones de pesos. En la segunda, habría consolidado su papel como el cerebro de la estrategia ilegal. Dando instrucciones concretas de las reuniones que debían hacerse para que se entregaran contratos y coimas a cambio de apoyo político.
El traslado de los $100.00 millones
Otra línea de investigación dentro de ese escándalo de corrupción que tendrá movimiento en los próximos días es el traslado de $100.000 millones de la Agencia Nacional de Tierras hacia la UNGRD, a través de un convenio interinstitucional. El objetivo de esta maniobra habría sido direccionar contrataciones específicas y pactar sobornos del 7 % sobre el valor de cada contrato adjudicado.
Por eso fueron llamados a imputación César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública. Las pruebas en su contra se basan principalmente en documentos y testimonios aportados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, pero también de la declaración de Luis Carlos Barreto, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo, quien ya fue condenado a tres años y siete meses de prisión tras firmar un preacuerdo, y quien ha dicho que todo lo hizo en coordinación con su exjefe.
Dentro de esa misma línea también serán imputados el abogado Édgar Riveros Rey; los contratistas Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo; el representante de ventas Édgar Echeverri Toro; el jefe de ventas, Francisco Javier Estupiñán Bravo; Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública; y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD.
Los que faltan
Aunque desde que estalló el escándalo se ha revelado que figuras políticas como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, o el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habrían tenido participación, la Fiscalía aún no toma una decisión en su contra. Sobre Bonilla se ha dicho que ordenó presuntamente el pago de dádivas a cambio de votos a favor de iniciativas del gobierno Petro en el Congreso.
La principal testigo en su contra es María Alejandra Benavides, su exasesora y quien firmó un principio de oportunidad del que no se conocen mayores detalles, pero con el que se compromete a declarar en su contra. La investigación revela que habría intervenido en el direccionamiento de tres contratos por un total de $92.000 millones de pesos por orden de su exjefe.
Dichos contratos, asignados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), habrían sido utilizados como mecanismo para influir en congresistas de la Comisión de Crédito Público. La intención, según el ente acusador, era lograr que varios legisladores votaran a favor de la aprobación de créditos solicitados por el Ejecutivo. Se trata de Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, junto con el exrepresentante Juan Diego Muñoz.
Por otro lado, el exministro Luis Fernando Velasco también habría participado en las órdenes para comprar congresistas a cambio de apoyos políticos. Aunque no ha revelado mayores elementos, la Fiscalía tendría pruebas que lo vincularían con reuniones en donde se debatieron tanto las dádivas como los congresistas a los que debían entregárselas. Aún queda mucha tela por cortar, en este caso y con las pruebas que hay, la Fiscalía tendrá que tomar una rápida decisión de si llama a imputación a más implicados.
De Colprensa para Nación Costeña.
