Lo que alguna vez fue presentado como una solución digna al colapso del sistema penitenciario en Putumayo, hoy no es más que un esqueleto de cemento devorado por la vegetación. La infraestructura de lo que debía ser la nueva cárcel de Mocoa —levantada sobre las ruinas de un viejo matadero— permanece abandonada, sin servicios básicos ni módulos habitables. Solo quedan columnas sin sentido y un cartel que parece más una burla que una promesa.
El caso resurgió tras un recorrido de Nación Colombia por la zona, como parte de una investigación sobre las promesas gubernamentales incumplidas tras la avalancha que azotó la capital del Putumayo en 2017.
🔴 La cárcel de #Mocoa: una promesa que se la tragó la selva. Fue anunciada como solución tras la avalancha de 2017. Hoy es un matadero abandonado y símbolo del abandono estatal en #Putumayo. @petrogustavo @PGN_COL @DefensoriaCol @FiscaliaCol @PoliciaDepuy @gobputumayo… pic.twitter.com/5hAPfutYLS
— Nación Costeña (@CostenaNacionX) May 10, 2025
“Este lugar es el reflejo de la corrupción y el abandono. Se robaron la plata”, denunció una habitante de Mocoa, señalando los muros cubiertos por la maleza.
Una emergencia anunciada
El 19 de abril de 2018, el medio Mi Putumayo Noticias informaba que el INPEC ordenó el cierre de la cárcel de Mocoa tras una evaluación que la ubicó en zona de alto riesgo, luego de la avalancha que destruyó el 40% de la ciudad. Según la resolución firmada por el entonces director del INPEC, brigadier general Jorge Luis Ramírez Aragón, la decisión se tomó tras un concepto técnico emitido por Corpoamazonia y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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La medida tomó por sorpresa a autoridades locales. El entonces alcalde José Castro criticó al INPEC por no haber adquirido un lote para una nueva construcción. La gobernadora Sorrel Aroca advirtió que el traslado de internos a otras regiones vulneraba su derecho a la unidad familiar, mientras que la Defensoría del Pueblo calificó la acción como “sorpresiva y carente de alternativas”.
A la deriva: 435 reclusos y ningún plan claro
En 2018, el penal albergaba 435 internos y 80 funcionarios entre guardias y personal administrativo. Tras su cierre, los detenidos fueron trasladados a centros penitenciarios en otras regiones, y en Mocoa solo quedaron celdas improvisadas, algunas ubicadas a escasos metros de la quebrada que originó la tragedia.
“Actualmente los privados de la libertad viven en condiciones infrahumanas, sin garantías mínimas de seguridad”, advierten organizaciones locales de derechos humanos. La Fiscalía ha tenido que construir celdas transitorias con capacidad máxima para tres personas, lo que afecta el curso de los procesos judiciales.
Una promesa renovada (pero aún incumplida)
Cinco años después del cierre, el 14 de abril de 2023, el ministro de Justicia Néstor Iván Osuna Patiño anunció en Mocoa que el Gobierno Nacional iniciaría la construcción de una nueva cárcel en un plazo de 25 meses. También aseguró que se habilitaría provisionalmente el viejo centro penitenciario mientras se avanzaba en la nueva obra.
“Vamos a construir una cárcel nueva y readecuar esta vieja para que funcione provisionalmente. Ojalá sea una colonia agrícola o un penal con todas las características apropiadas para la resocialización”, declaró Osuna, acompañado de directivos del INPEC, USPEC, la Sociedad de Activos Especiales y autoridades regionales.
El compromiso fue celebrado por autoridades locales, congresistas, líderes comunitarios y familiares de personas privadas de la libertad. No obstante, a más de dos años del anuncio, la situación en el terreno no ha cambiado: la cárcel sigue siendo un proyecto inconcluso, sin actividad y sin fecha cierta de entrega.
¿Y ahora qué?
Hoy, en mayo de 2025, la infraestructura permanece sin avance visible. El letrero del contrato original, aún visible, habla de un plazo de seis meses para su ejecución. Han pasado años. No hay cárcel. No hay respuestas. Y el riesgo sigue latente.
Mientras el Gobierno nacional y el Ministerio de Justicia prometen nuevas inspecciones y mesas técnicas, el Putumayo sigue esperando. La cárcel de Mocoa, concebida como una solución a una crisis, se ha convertido en su propio monumento a la negligencia estatal.
