Un análisis de registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Registraduría Nacional, el portal Cuentas Claras, la base de datos offshore del ICIJ y documentos corporativos del Estado de Florida, Florida Division of Corporations.
Por: Germán Calderón España.
Juanita León García lleva más de quince años construyendo una marca poderosa: la del periodismo independiente en Colombia. La Silla Vacía se presenta ante sus lectores como un medio que fiscaliza el poder, que revela los vínculos entre el dinero y la política, que expone los conflictos de interés de empresarios, funcionarios y políticos. Es, en sus propias palabras, un medio que cree que «el periodismo debe ser un contrapeso al poder».
Pero hay un poder que La Silla Vacía no ha contrapesado nunca: el suyo propio.
I. Una familia, un emporio, un medio
Juanita León no es simplemente una periodista que fundó un portal de noticias. Es hija de Jorge Fernando León Dub, cofundador de Quala S.A., una de las cinco empresas de consumo masivo más grandes de Colombia, con ventas anuales superiores a los $100.000 millones de pesos y presencia en diez países de América Latina. Quala fabrica y distribuye Vive 100, la bebida energizante más vendida del país, y Bonice, una de sus marcas de helados y postres.
La familia no se detiene ahí. Jorge Fernando León Dub también fundó el Grupo Bretano, un conglomerado de empresas químicas, Química Comercial Andina, Química Aromática Andina, Marvar Comercial y Resoco, que factura entre $20.000 y $100.000 millones de pesos anuales solo en Colombia y tiene operaciones en más de siete países de América Latina.
Con ese capital familiar, en enero de 2009, se constituyó Blogosfera Producciones S.A.S., la sociedad que dio vida a La Silla Vacía. Los accionistas fundadores fueron Juanita León García, su padre Jorge Fernando León Dub, su madre Fabiola García de León, su tío José Patricio Marcelo León Dub, fundador de Disan Colombia S.A.S., con ingresos de $275.000 millones en 2021 y su primo Nicolás Acosta Amador.
La Silla Vacía, en otras palabras, nació como una empresa familiar de una de las familias empresariales más poderosas de Colombia. Eso no es un pecado. Pero sí, en su Desarrollo, existe un conflicto de interés que el medio nunca ha declarado con suficiente ética y transparencia.
II. El NIT que lo confirma todo
Los documentos que reposan en la Cámara de Comercio de Bogotá no dejan lugar a dudas. Blogosfera Producciones S.A.S., NIT 900.265.398-8, matrícula 01868649, es en mi opinion, la sociedad detrás de La Silla Vacía. En agosto de 2024, Juanita León cedió el 100% de sus acciones a la Fundación La Silla Vacía, NIT 901.829.341-4, una fundación que ella misma preside como representante legal, en un movimiento que el medio presentó como una señal de independencia editorial, pero que, en la práctica, mantiene el control en las mismas manos.
Lo que los documentos revelan, adicionalmente, y que no ha sido ampliamente reportado, es la existencia de una sociedad americana: La Silla Vacia LLC, registrada en Florida el 12 de abril de 2023 bajo el documento L23000177658. Su manager designada: Juanita Leon Garcia. Su único miembro (sole member): Blogosfera Producciones S.A.S., la sociedad colombiana. La empresa tiene domicilio en 1000 Brickell Avenue, Suite 400, Miami, Florida, el corazón financiero de la ciudad que concentra las estructuras corporativas de grandes fortunas latinoamericanas.
«¿Para qué necesita un medio de periodismo político colombiano una LLC en Miami?»
Pregunta que los registros corporativos dejan sin responder
III. Los $90 millones que La Silla no reportó
En 2018, mientras La Silla Vacía cubría activamente la política del Centro Democrático, Quala S.A., la empresa de la familia de Juanita León, realizó tres aportes que suman $90 millones de pesos al Partido Centro Democrático, según consta en el portal Cuentas Claras de la Registraduría Nacional, de acceso público.
La Silla Vacía no publicó ni una línea sobre esta donación.
El conflicto es estructural: el partido que recibió dinero de la familia de la directora era uno de los partidos que La Silla cubría con mayor intensidad. No se trata de acusar a Juanita León de favorecer editorialmente al uribismo, su línea editorial ha sido frecuentemente crítica de ese sector. Se trata de algo más sutil y más grave: la omisión deliberada de información que afecta directamente la percepción que sus lectores tienen sobre la independencia del medio.
La Silla Vacía ha publicado decenas de artículos rastreando donaciones de empresas a partidos políticos. Nunca ha publicado uno rastreando las donaciones de su propia familia.
IV. Los trabajadores de Vive 100 y Bonice: el silencio más elocuente
En 2023, investigadores de la Corporación Universitaria Remington publicaron un estudio sobre la situación laboral de los vendedores ambulantes de Vive 100 en Montería. Los hallazgos son contundentes: jornadas de diez horas diarias, siete días a la semana, sin contrato formal, sin prestaciones sociales, sin seguridad social, con ingresos entre $50.000 y $80.000 pesos diarios. Los investigadores concluyen que la tercerización utilizada por las empresas fabricantes «constituye una violación directa a la dignidad y los derechos fundamentales de estos trabajadores».
En noviembre de 2025, el abogado Óscar David Benavides radicó una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo contra las empresas distribuidoras de Vive 100, entre otras marcas. El expediente lleva el número 11EE2025741100000053484.
Vive 100 es una marca de Quala S.A. La familia de Juanita León es cofundadora y accionista de Quala S.A.
La Silla Vacía, que dedica investigaciones enteras a documentar condiciones laborales en el sector público y privado, no ha publicado una sola línea sobre las condiciones de los vendedores ambulantes de los productos de su propia familia.
El silencio, en periodismo, también es una decisión editorial.
V. La gran promesa de los SuperAmigos: «No le debemos favores a nadie»
En la página web de La Silla Vacía, en un lugar destacado y con tipografía generosa, aparece el llamado a sus lectores a convertirse en SuperAmigos. La propuesta es simple: aportar desde $20.000 pesos al mes — «el costo de un café», según el propio medio — para financiar el periodismo independiente. A cambio, el donante recibe beneficios: acceso a reuniones mensuales por Zoom con el equipo editorial, boletines exclusivos por WhatsApp, descuentos en cursos, salidas grupales a museos y reservas naturales, y un sello de SuperAmigo en los comentarios del portal.
El argumento central que La Silla usa para motivar esas donaciones es contundente. Lo dice literalmente en su página:
«Para hacer sostenible este proyecto y ser fieles a nuestra independencia, diversificamos nuestros ingresos. En otras palabras: no le debemos favores a nadie, no tenemos otros negocios, no hacemos contratos con el Estado ni tenemos deudas con bancos.»
Lasillavacia.com/superamigos — Texto oficial de la página de membresía
Es una frase poderosa. También es, a la luz de los hechos documentados, profundamente inexacta.
Porque La Silla Vacía sí tiene «otros negocios»: una LLC en Miami, La Silla Vacia LLC, documento L23000177658 del Estado de Florida, cuyo único miembro es Blogosfera Producciones S.A.S. Porque su directora y fundadora es accionista de Química Comercial Andina S.A.S., empresa que firmó contratos con Ecopetrol por más de $65.000 millones entre 2018 y 2023. Porque su familia es cofundadora y accionista de Quala S.A., empresa que en 2018 donó $90 millones al Centro Democrático. Porque sus mayores financiadores, USAID, Embajada Británica, KAS, Fundación Ford, son organizaciones con agendas geopolíticas propias sobre Colombia.
Cuando un lector colombiano, convencido por esa promesa de independencia, saca $20.000 pesos de su bolsillo cada mes para sostener a La Silla Vacía, está pagando por un servicio que se anuncia como libre de conflictos de interés. Un servicio que, según los registros públicos disponibles, no lo es. Eso tiene un nombre en el derecho del consumidor colombiano: publicidad engañosa. Definida en el artículo 30 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) como aquella que «mediante alegaciones falsas, inexactas o exageradas, induzca a error al consumidor». Logicamente, esta opinion está revestida del prefijo “presuntamente”.
La ironía no es menor: mientras La Silla Vacía usa el argumento de la independencia para recaudar fondos de sus lectores, la empresa de su propia familia, Quala S.A., fue investigada por el Estado colombiano precisamente por publicidad engañosa.
VI. Quala y la publicidad engañosa: una historia de familia
En febrero de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de investigación contra 14 empresas por presunta publicidad engañosa en productos de aseo relacionados con el COVID-19. La SIC adelantó visitas de inspección a diferentes páginas web, medios de comunicación y redes sociales, al encontrar mensajes que atribuían beneficios contra la COVID-19, matar, eliminar y combatir el virus, hacerlo desaparecer e incluso reducir las consecuencias del contagio, sin evidencia científica que los sustentara.
Quala S.A. fue incluida en esa lista. La investigación se centró en el producto Aromax 3 Acciones, promocionado en televisión nacional con el presentador Carlos Calero, bajo la promesa de proteger a los colombianos de una pandemia que mataba miles de personas al mes.
Es decir: la familia de la directora del medio que promete no engañar a sus lectores tenía una empresa que, según la SIC, presuntamente engañaba a los consumidores colombianos aprovechando el miedo colectivo a una pandemia.
La Silla Vacía, que en ese mismo período publicó extensos reportajes sobre la gestión del COVID-19 en Colombia, sobre las irregularidades en la compra de insumos sanitarios, sobre las empresas que se aprovecharon de la crisis, no publicó una sola línea sobre la investigación de la SIC contra Quala.
La estructura del presunto engaño, en ambos casos, es análoga: prometer un beneficio, protección contra el virus en el caso de Quala, independencia periodística en el caso de La Silla, que los hechos documentados ponen en seria duda.
VII. La aritmética de la «independencia»
Las pequeñas donaciones realizadas por los SuperAmigos representaron el 3,2% de los ingresos en 2024. Al cierre del año, La Silla Vacía contaba con 527 SuperAmigos. La propia Silla Vacía lo dice en su página oficial.
El dato merece ser leído con detenimiento. El programa de SuperAmigos, la bandera de la independencia ciudadana del medio, la justificación ética de la marca, representa apenas el 3,2% de los ingresos totales de La Silla Vacía. Un porcentaje menor al que representa Bancolombia y Grupo Sura solos. Un porcentaje que en valores absolutos equivale a cerca de $144 millones de pesos anuales sobre un presupuesto de $4.500 millones.
«Los SuperAmigos no financian la independencia de La Silla Vacía. Financian su legitimidad.»
Análisis del modelo de financiación 2024
Y hay algo más que La Silla no dice a sus SuperAmigos cuando les pide el aporte mensual: que las donaciones a la Fundación La Silla Vacía tienen beneficio tributario. Lo confirma la propia página de membresía: «La Silla Vacía es una fundación y, por lo tanto, el aporte tiene una deducción en los impuestos.» Lo que significa que parte del dinero que el lector entrega como donación no sale realmente de su bolsillo, sale del fisco colombiano. El Estado, al que La Silla fiscaliza, subsidia indirectamente la operación de La Silla a través del sistema tributario.
Un penalista reconocido me dijo algún día que la SILLATÓN, como le llaman al mecanismo utilizado por La Silla Vacía para recaudar en forma masiva y habitual de donaciones del público para su supervivencia, podría configurar presuntamente un delito, porque esas operaciones debieron contar previamente con permiso de la Superintendencia Financiera, porque, de conformidad con el artículo 316 del Código Penal Colombiano, se incurre en el delito CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS AGRAVADO, cuando:
“El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u otros de divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte.”
Le respondí al penalista que La Silla Vacía tiene sus asesores jurídicos que, con toda seguridad, no la dejarían cometer un error de tal magnitud.
