La liquidación del Ministerio de la Igualdad avanza en medio de protestas de trabajadores por la incertidumbre laboral y tras el revés jurídico que invalidó la ley con la que nació la cartera. El cierre reactivó el debate sobre el tamaño de su presupuesto, la baja ejecución reportada en sus primeros años y la duplicidad de funciones con entidades que ya operaban políticas sociales.
El origen del ministerio quedó sin piso jurídico y la Corte fijó un límite
El Ministerio de la Igualdad y Equidad fue creado por la Ley 2281 de 2023, pero en mayo de 2024 la Corte Constitucional declaró inexequible esa norma por un vicio de procedimiento que calificó como insubsanable.
Según la decisión, el Congreso aprobó la creación del ministerio sin el análisis de impacto fiscal exigido. Para el alto tribunal, no se expuso con claridad el costo de abrir una nueva cartera ni la fuente de financiación correspondiente.
Aun así, la Corte permitió que el ministerio siguiera operando de manera temporal para evitar traumatismos institucionales. En esa salida transitoria fijó como límite el año 2026 para que el problema se corrigiera mediante una nueva ley; el Gobierno intentó impulsar de nuevo el proyecto, pero no consolidó el respaldo legislativo necesario.
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Presupuesto en billones y ejecución bajo la lupa
La discusión fiscal acompañó a la entidad desde su arranque. Para 2024, el ministerio tuvo una apropiación cercana a $1,5 billones de pesos, por encima de la de varias carteras tradicionales, según se conoció en el debate público de ese periodo.
Las críticas, sin embargo, se concentraron en la velocidad de ejecución. En el primer trimestre de 2024 se reportó una ejecución de inversión de 0 %, de acuerdo con reportes divulgados en ese momento, cuando el ministerio llevaba pocos meses de operación.
Hacia finales de 2024, informes periodísticos señalaron que, con un presupuesto cercano a $1,8 billones, los desembolsos habían sido limitados y el gasto se concentraba en funcionamiento y nómina. Reportes conocidos en 2026 añadieron que la ejecución de inversión durante 2025 habría cerrado en niveles cercanos al 5 %.
Funciones duplicadas y el reto inmediato de redistribuir tareas
Más allá de las cifras, otro frente del debate fue la duplicidad institucional. Antes de la creación del ministerio, políticas dirigidas a mujeres, comunidades étnicas, juventudes, discapacidad y población vulnerable ya pasaban por entidades como el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el ICBF y ministerios como Interior, Trabajo y Educación, además de consejerías presidenciales.
El Gobierno defendió la cartera como un mecanismo para visibilizar poblaciones históricamente excluidas y coordinar programas de igualdad y equidad. También sostuvo que avanzó en formulación de políticas públicas y estrategias territoriales, aunque incluso sectores cercanos al Ejecutivo han reconocido que los resultados no quedaron en proporción con el presupuesto y las expectativas.
Con el ministerio en liquidación, el reto práctico es reubicar funciones y programas en instituciones que ya existían antes de 2023, mientras persisten las protestas internas por el futuro laboral. En paralelo, el caso deja abierta una discusión de diseño estatal: qué tan sostenible es crear nuevas estructuras sin estudios financieros sólidos y sin una delimitación clara de competencias.
