Mientras Colombia vivía una de las elecciones presidenciales más polarizadas y observadas de los últimos años, Montería logró desarrollar la jornada electoral sin alteraciones graves de orden público, en un contexto nacional marcado por denuncias, confrontaciones políticas, cuestionamientos al proceso y una fuerte tensión en redes sociales.
La capital cordobesa enfrentó la segunda vuelta presidencial con un amplio despliegue institucional que buscaba evitar cualquier situación que pudiera afectar el derecho al voto de los ciudadanos.
Durante la jornada estuvieron habilitadas 1.090 mesas distribuidas en 95 puestos de votación, de los cuales 60 funcionaron en la zona urbana y 35 en el área rural, para atender un potencial electoral cercano a los 374.000 ciudadanos.
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Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el dispositivo de seguridad implementado en el municipio. Más de 1.700 uniformados de la Policía y las Fuerzas Militares custodiaron puestos de votación, centros de escrutinio, vías de acceso y el traslado del material electoral.
El balance entregado al finalizar la jornada estuvo lejos de las escenas de confrontación y denuncias que se registraron en otras regiones del país. Las autoridades reportaron normalidad en el desarrollo de las votaciones y destacaron el comportamiento de los ciudadanos durante el proceso.
Sin embargo, el resultado va más allá de las cifras operativas. En una elección marcada por discursos de desconfianza institucional, acusaciones cruzadas entre campañas y una creciente polarización política, mantener la estabilidad en ciudades intermedias como Montería representó uno de los principales desafíos para las autoridades.
