La organización Venezolanos en Barranquilla pidió que la estrategia de control migratorio ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella diferencie las infracciones migratorias de los delitos y respete las garantías de las personas sometidas a procedimientos de deportación.
Controles migratorios en Barranquilla
El presidente Abelardo De La Espriella instruyó a Migración Colombia para iniciar los procedimientos en coordinación con la Policía. La estrategia tendrá dos frentes iniciales: identificar a extranjeros relacionados con hechos delictivos y establecer quiénes permanecen de forma irregular en Colombia.
Venezolanos en Barranquilla reconoció la facultad estatal para controlar la permanencia de extranjeros y respaldó las acciones judiciales contra quienes cometan delitos. A la vez, solicitó que los operativos mantengan las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a la defensa.
El colectivo subrayó que “La irregularidad migratoria no es sinónimo de criminalidad”. Por ello, planteó que las actuaciones distingan entre las personas que incumplen normas migratorias y aquellas vinculadas con actividades criminales.
La organización pidió que se precise quiénes pueden ser objeto de deportación y cómo se abordarán los casos de personas con solicitudes, trámites de regularización o necesidades de protección internacional pendientes. También solicitó explicaciones sobre las etapas de los procedimientos y las garantías previstas.
Regularización y evaluación individual
En Colombia residen más de 2,8 millones de venezolanos y se han otorgado más de 2,3 millones de Permisos por Protección Temporal (PPT), de acuerdo con las cifras incluidas por la organización. El colectivo sostuvo que la mayoría de esta población permanece regularmente en el país.
Venezolanos en Barranquilla destacó que los mecanismos de protección y el Estatuto Temporal de Protección permitieron que millones de personas salieran de la irregularidad y accedieran a estudio, trabajo, emprendimiento y servicios. En ese marco, pidió fortalecer las rutas para quienes quedaron por fuera de los mecanismos existentes.
La propuesta contempla estudiar circunstancias de arraigo, unidad familiar, niñez, vulnerabilidad y especial protección. La organización sostuvo que una política migratoria efectiva debe identificar la irregularidad, pero también definir quién puede y debe acceder a la regularización.
Frente a deportaciones, expulsiones o retornos, el colectivo pidió analizar individualmente cada situación. Solicitó evaluar los casos que involucren solicitudes de refugio, riesgos ante un eventual regreso a Venezuela o protección internacional, con respeto al principio de no devolución y a las obligaciones internacionales de Colombia.
La organización advirtió que una aplicación indiscriminada de las medidas o una comunicación insuficiente puede alimentar la estigmatización y la xenofobia contra ciudadanos extranjeros, incluidos quienes tienen documentación. Como siguiente paso, propuso una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional, la Cancillería, Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo, junto con organizaciones sociales y representantes de la población migrante.
