La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva envió a EMCALI un oficio contundente en el que advierte fallas técnicas, jurídicas y de transparencia en el proceso de contratación del nuevo sistema de alumbrado público de Cali. El documento, fechado el 28 de noviembre de 2025, señala riesgos para el patrimonio público, la planeación contractual y principios constitucionales.
La Procuraduría cuestiona el contrato con Moreno Servicios Legales S.A.S., firma encargada del Plan Maestro de Alumbrado Público, del Estudio Técnico de Referencia y de la estructuración de alternativas contractuales. El órgano de control critica que EMCALI avanzara en una nueva contratación sin tener esos documentos definitivos, pese a que la firma los entregó el mismo día del vencimiento del contrato, el 22 de septiembre de 2025, aún en proceso de “claridades”.
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El organismo reprocha que las aclaraciones se hagan en plena liquidación contractual, situación que podría vulnerar el manual de contratación de EMCALI. La Procuraduría exige que la empresa explique por qué mantiene actividades con el contratista después del vencimiento del plazo y qué justificación jurídica sostiene esa actuación.
El documento también señala que EMCALI incumplió la obligación legal de publicar en SECOP II el proceso de alianza estratégica, conforme a la Ley 2195 de 2022. Aunque la empresa había anunciado esa publicación, la información no aparece en la plataforma, lo que afecta el principio de publicidad.
La Procuraduría alerta, además, la ausencia de un procedimiento contractual claro para la alianza estratégica. El cronograma enviado por EMCALI no detalla reglas, plazos, etapas, mecanismos de evaluación ni criterios de selección, lo que compromete la transparencia, la planeación y la igualdad de los interesados.
El órgano de control también detecta inconsistencias en los indicadores financieros exigidos a las empresas participantes. EMCALI solicita estados financieros de 2024 bajo parámetros que, según la Procuraduría, carecen de sustento técnico y no cuentan con estudios que justifiquen su pertinencia, lo que podría afectar la selección objetiva y aumentar los riesgos del contrato.
En sus conclusiones, la Procuraduría ordena a EMCALI suspender el proceso de alumbrado público hasta que cuente con los documentos definitivos, defina un procedimiento claro y cumpla la publicidad obligatoria en SECOP II. También exige respuestas de fondo y documentos soporte en un plazo de tres días.
