La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra más de diez funcionarios y comandantes de la Fuerza Pública por presuntamente no acatar la Alerta Temprana N.º 037 de 2020, emitida por la Defensoría del Pueblo, que advertía sobre el riesgo inminente de violencia en Barranquilla y su área metropolitana.
Funcionarios y militares bajo investigación
- Ricardo Andrés Díaz Pérez, comandante del Gaula Militar Caribe.
- José Luis Agudelo Jaimes, comandante de la Segunda Brigada del Ejército.
- Jorge Armando Ortiz Toro, comandante del Batallón de Policía N.º 2 de Barranquilla.
- Yesid Turbay Pereira, secretario del Interior del Atlántico.
- Jaime Navarro Herrera, subsecretario de Participación Comunitaria del Atlántico.
- Bertulfo Gutiérrez Vásquez, profesional especializado de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla.
- Piedad Ahumada, profesional especializada de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla.
- Leonel Morrón Maiguel, secretario de Gobierno de Puerto Colombia.
- Luis Carlos Oquendo, secretario de Gobierno de Galapa.
Según la Procuraduría, estos servidores públicos no adelantaron de forma oportuna los planes necesarios para mitigar los riesgos planteados en la alerta, lo que habría contribuido a la materialización de hechos violentos entre 2019 y 2023.
Grupos armados y población vulnerable
La alerta temprana advertía sobre la presencia de al menos cinco grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y negocios ilícitos como microtráfico, extorsión, prostitución y el uso de puertos para envío de drogas. Las comunidades más afectadas incluyen comerciantes, tenderos, defensores de derechos humanos, docentes, estudiantes universitarios, líderes sociales, sindicalistas y población con orientaciones sexuales diversas.
Impacto en el área metropolitana
El área metropolitana de Barranquilla, que comprende municipios como Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa, ha sido escenario de una escalada de violencia atribuida a la disputa entre estos grupos ilegales. La falta de acción oportuna por parte de los funcionarios investigados habría agravado esta situación.
Próximos pasos en la investigación
La Procuraduría solicitó copias de las actuaciones que las entidades a cargo de los mencionados funcionarios pudieron haber adelantado en respuesta a la alerta. El objetivo es determinar si hubo negligencia en la implementación de medidas para proteger a la población vulnerable y controlar la violencia en la región.
