La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra tres exfuncionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por una presunta omisión de sus funciones que habría resultado en una pérdida para el Estado superior a los $44 mil millones en un caso relacionado con la empresa Petrobras.
El Ministerio Público vinculó formalmente al proceso al exdirector operativo de grandes contribuyentes, Andrés Fernando Pardo, quien ocupó el cargo entre 2021 y 2024, y a los exsubdirectores operativos de fiscalización y liquidación, Christian Junot Quiñónez Cortés (2023 – 2024) y Gustavo Adolfo Mosquera Abello (2024), quienes eran los presuntos responsables de gestionar y enviar el recurso a la subdirección de recursos jurídicos de la entidad.
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La investigación de la Procuraduría Delegada de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública detalló que el caso se remonta al 13 de diciembre de 2022, cuando la Coordinación de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva de la DIAN emitió una liquidación oficial de revisión a Petrobras.
En ese documento se modificó la declaración de impuesto de renta y complementarios de la compañía correspondiente al año 2018 y se le ordenó pagar más de $47 mil millones por diferencias encontradas entre lo declarado y el cálculo hecho por la autoridad tributaria.
Posteriormente, el 15 de febrero de 2023, la petrolera no estuvo de acuerdo con la decisión y presentó un recurso de reconsideración para que la DIAN revisara nuevamente el cobro. Sin embargo, según el ente de control, este recurso nunca fue enviado al área encargada de resolverlo.
La Procuraduría explicó que, al no tramitarse el recurso, pasó un año completo sin que la DIAN diera una respuesta a Petrobras. Esta inacción activó una figura legal conocida como “silencio administrativo positivo”, que en términos sencillos significa que si una entidad del Estado no responde a una petición o recurso de un ciudadano o una empresa en el tiempo que la ley establece, se entiende que la respuesta es a favor de quien hizo la solicitud.
En este caso, la presunta omisión de los funcionarios provocó que la millonaria deuda de impuestos quedara sin efecto y el Estado perdiera la posibilidad de cobrar los más de $44 mil millones, lo que constituyó una grave lesión al patrimonio público.
Con la apertura de la investigación, la Procuraduría busca verificar en detalle cómo ocurrieron los hechos, determinar si la conducta de los exfuncionarios constituye una falta disciplinaria y establecer si actuaron amparados bajo alguna causal que los exima de responsabilidad en este millonario perjuicio para la nación.
De Colprensa
