La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud inspeccionar a la EPS Familiar Colombia y a la IPS DG-IPS por presuntas irregularidades en el manejo de comunidades indígenas del departamento de Córdoba.
Según la denuncia, las Autoridades Zenúes Rurales de Montería alertaron que estas entidades habrían afiliado, trasladado y gestionado población indígena sin consentimiento previo, libre e informado, requisito obligatorio en el marco del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) y del Decreto 1953 de 2014. La actuación cuestionada vulneraría la autonomía de las autoridades tradicionales y los protocolos establecidos para la gestión de la salud indígena.
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La Procuraduría le pidió a la Superintendencia evaluar si corresponde remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación, debido a posibles violaciones a derechos fundamentales colectivos, a la ley de origen indígena y a la normatividad administrativa. La investigación podría involucrar delitos relacionados con fraude a subvenciones, afectación al erario o irregularidades contra la administración pública.
