La Procuraduría General de la Nación activó vigilancia permanente sobre el proceso de traslado de jefes de estructuras criminales a centros de reclusión en Barranquilla, tras el llamado público del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.
El procurador general Gregorio Eljach ordenó al Procurador Regional del Atlántico realizar seguimiento continuo a este proceso, con el fin de evitar riesgos en materia de seguridad, orden público y posibles afectaciones a la población civil durante los traslados.
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Además, Eljach exigió al Gobierno Nacional garantizar condiciones de seguridad suficientes en el Atlántico, una región que enfrenta una presión creciente por la presencia de estructuras criminales y el impacto que generan este tipo de operaciones penitenciarias.
El Ministerio Público advirtió que el traslado de cabecillas del crimen organizado no puede ejecutarse sin control institucional, debido a los riesgos que representan las retaliaciones, la alteración del orden público y la posible instrumentalización de estos movimientos por parte de las organizaciones delincuenciales.
